El alcalde de Les Borges Blanques, Enric Mir, y el de Juneda y presidente del Consell Comarcal de les Garrigues, Antoni Villas, han tenido que comparecer ante la policía judicial, ante la ausencia de un representante de la fiscalía de Lleida, a raíz de la citación que recibieron por haberse comprometido a colaborar con el referéndum del 1 de octubre. Sin embargo, y del mismo modo que el resto de responsables municipales citados por el 1-O, Mir y Villas, se han acogido al derecho a no declarar.
Al salir, Mir ha defendido que los alcaldes citados para colaborar con el referéndum "no hemos cometido ningún delito", mientras Villas ha firmado que "la ley nos ampara y nos protege y por eso nos hemos acogido al derecho a no declarar". Ambos alcaldes garriguenses han recibido el apoyo de cerca de un centenar de vecinos de los respectivos municipios y de miembros de su partido, el PDeCAT, así como de otras fuerzas políticas y entidades soberanistas. Este jueves la fiscalía de Lleida también ha citado a declarar al alcalde de Torregrossa, el republicano Josep Maria Puig.
Enric Mir y Antoni Villas también se han acogido al derecho a no declarar, después de comparecer ante policía judicial a raíz de la citación que les había hecho llegar la fiscalía de Lleida por haber firmado el decreto de alcaldía de apoyo al referéndum. Los alcaldes garriguenses han recibido el apoyo de cerca de un centenar de personas, que les han trasladado su apoyo en el exterior de los juzgados de Lleida, sobre todo vecinos de Les Borges y Juneda. Los de la capital de les Garrigues han desplegado una gran pancarta con el lema 'Todos con nuestro alcalde. Democracia. Les Borges Blanques'.
También han estado acompañados por el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, que ya compareció este miércoles como alcalde de Fondarella (Pla d'Urgell), por la vicepresidenta de la Mesa del Parlament, Ramona Barrufet, así como por otros miembros del PDeCAT, de otras formaciones políticas y representantes de entidades soberanistas.
Después de su comparecencia, el alcalde de Les Borges Blanques y diputado en la Diputación de Lleida ha manifestado que las diligencias iniciadas por la fiscalía "no proceden, porque en ningún momento todos los alcaldes que defendemos los derechos de su ciudadanía están hoy aquí sin necesidad y sin haber cometido ningún delito". "Estamos hablando de un Estado de Derecho y, por lo tanto, un Estado debe respetar el derecho que tienen sus ciudadanos y sus representantes al frente de los ayuntamientos". Por su parte, Antoni Villas ha afirmado que "la ley nos ampara y nos protege y, por eso, nos hemos acogido al derecho a no declarar". El alcalde de Juneda y presidente del Consell Comarcal de les Garrigues, ha explicado que desde la policía judicial ante la que han tenido que comparecer "nos han dicho que nuestro pueblo no tiene derecho al referéndum, que no podemos ayudar a nuestro pueblo con el referéndum y que si lo hacíamos entrábamos en un delito penal", en concreto los de prevaricación y desobediencia.
Además de Mir y Villas, la fiscalía de Lleida también ha citado este jueves a declarar para colaborar con el 1-O al alcalde de Torregrossa, Josep Maria Puig (ERC).
