Los Agentes Rurales interceptaron el pasado viernes a dos personas que habían colocado más de 40 trampas ilegales de caza (laços no selectivos) dentro del Espacio de Interés Natural de la Vall del Llobregós y en una zona privada de caza en el término municipal de Torrefeta y Florejacs (Segarra). En el registro del vehículo, el cuerpo localizó diez trampas más y otros elementos utilizados para la captura y la repoblación. Según los Agentes Rurales, el objetivo de los laços era capturar depredadores que podían eliminar las especies cinegéticas de la zona, aunque al no ser selectivo el método, podían quedar atrapados otros animales protegidos y domésticos. Los agentes recogieron ocho zorros muertos y uno vivo que pudieron liberar allí mismo. Las dos personas interceptadas son el titular y el gestor del área de caza, y también otro socio que participaba en los hechos. Ante la confirmación de que habían liberado conejos, los Agentes Rurales también levantaron denuncia por la liberación de especies cinegéticas sin autorización y sin la guía de transporte sanitario correspondiente.
Además del elevado número de trampas, su distribución en los principales pasos por donde transita la fauna que allí habita y la metodología empleada (colocación de la trampa) indicaría, según los Agentes Rurales, que presumiblemente las dos personas conocían perfectamente cómo se podía lograr la máxima efectividad con este tipo de trampas, con el añadido de que el método "conducía" la fauna hacia la trampa. El gran número de trampas retiradas por los agentes ha evitado un resultado mucho más importante de especies afectadas. El cuerpo recuerda que la colaboración ciudadana es "básica" en este y en otros casos ya que, en ocasiones, la detección de este tipo de trampas pasa desapercibida porque se lleva a cabo en lugares frecuentados solo por excursionistas, observadores de naturaleza u otros usuarios ocasionales. El uso de este tipo de trampas masivas y no selectivas está tipificado como un delito contra el medio ambiente en el Código Penal y puede conllevar penas de hasta dos años de prisión para los autores, y también la suspensión de las actividades en el área de caza afectada.
