Este domingo se ha vivido una emotiva jornada de homenaje a Xavier Ribes y David Iglesias, los dos agentes rurales muertos a tiros por un cazador hace justamente un año en el coto de Aspa, en el Segrià. Familiares, compañeros y autoridades se han reunido en un acto conmemorativo que se ha hecho en la Reserva Natural del Mas de Melons, en el término de Castelldans, muy cerca del lugar del crimen, donde en el mes de marzo se colocó una escultura en recuerdo de las víctimas que reproduce sus siluetas. Diferentes voces dentro del cuerpo de Agentes Rurales han vuelto a poner de manifiesto que un año después del crimen aún no se han resuelto muchos de los aspectos para mejorar las medidas de seguridad cuando desarrollan sus funciones, sobre todo en lo que se refiere a la autorización para poder llevar defensas extensibles. El acto ha contado con parlamentos, ofrendas florales y una liberación de aves a cargo de los hijos de los dos agentes muertos. También se ha entregado a las familias los libros de condolencias que se abrieron después del doble crimen.
Unas 300 personas han acompañado a las familias de Xavier Ribes, de 43 años, y David Iglesias, de 39. Todos murieron el 21 de enero de 2017 cuando hacían un control rutinario de caza en el coto de Aspa. Un cazador de Vacarisses (Vallès Occidental) de 28 años, Ismael Rodríguez, les disparó con una escopeta y después confesó el crimen a los Mossos. Actualmente está en prisión provisional a la espera de juicio. Rodríguez tenía caducada la licencia para usar el arma homicida, que estaba a nombre de un amigo, y tampoco recogió la autorización para cazar en el coto. Por parte del Departamento de Agricultura han asistido al acto conmemorativo el secretario general de la consejería, David Mascort, acompañado del director general de los Agentes Rurales, Marc Costa, y del director de los Servicios Territoriales en Lleida, Ferran de Noguera. La trágica muerte de los dos agentes rurales en Aspa abrió el debate sobre la falta de medidas de seguridad de los efectivos del cuerpo. Un año después, las medidas de protección prometidas sólo se han implementado parcialmente y el director general del Cuerpo de Agentes Rurales, Marc Costa, culpa en buena parte a la paralización que ha supuesto la aplicación del artículo 155. Después del doble crimen se estableció que las patrullas destinadas a realizar controles de caza debían realizarse en grupos de tres y uno de los agentes debía llevar un arma larga. Sin embargo, no hay chalecos antibalas para todos los efectivos y no han llegado las defensas extensibles y las esposas prometidas. Además, sólo la mitad de los 500 efectivos que hay en Cataluña han recibido el curso de formación de autodefensa. Tampoco se han convocado las 50 plazas de subinspector anunciadas ni se ha aprobado el nuevo reglamento de armas. El cambio de procedimiento para realizar los controles de caza más seguros ha supuesto la reducción de estas actuaciones un 26,6% en Cataluña. En 2016 se realizaron 15.400 mientras que en 2017 fueron 11.300. Tras el asesinato de Xavier Ribes y David Iglesias se creó una Comisión de Expertos para evaluar lo sucedido y proponer medidas para evitar que pudiera repetirse un caso similar. Ahora se están terminando de redactar las conclusiones y calcula se harán públicas entre febrero y marzo de este 2018. La Asociación de Profesionales de Agentes Rurales de Cataluña (Asparc) y CCOO han recopilado 255 casos de agresiones, amenazas o vejaciones a los agentes rurales en las dos últimas décadas, de los cuales 45 en comarcas de Lleida. Las familias inician la reclamación de responsabilidad civil a la Generalitat Por otra parte, el abogado de las familias de las víctimas, Pau Simarro ha iniciado este viernes la reclamación de responsabilidad civil a la Generalitat por "abandono" de sus funciones. Asegura que existen denuncias documentadas de al menos una veintena de ataques e insultos de cazadores contra agentes rurales en los últimos diez años en toda Cataluña y no entiende que no se hubieran tomado medidas antes de la desgracia. Según el letrado, éstas y otras denuncias se manifestaron en reuniones del comité de seguridad y salud. Simarro ha explicado que la reclamación debía hacerse antes de un año de los hechos pero ha pedido también su suspensión hasta que termine el procedimiento penal contra el presunto asesino. El objetivo es llegar a un acuerdo extrajudicial para que la Generalitat reconozca su parte de responsabilidad e indemnice a las familias de las víctimas. Si no se consiguiera, se iniciaría una reclamación en el juzgado contencioso-administrativo. Este trámite se ha realizado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha archivado la querella contra once cargos del Departamento de Agricultura, entre ellos el de la consejera destituida por el 155, Meritxell Serret, por el doble crimen de Aspa. Las familias y el sindicato CCOO acusaban a la cúpula de Agricultura de un delito de homicidio imprudente y otro contra la seguridad de los trabajadores. En declaraciones hechas esta semana a la ACN, el abogado de las familias lamentaba que las medidas tomadas a raíz de Aspa hayan llegado tarde por los dos agentes rurales muertos, ya que se demostró su efectividad sólo un mes después del trágico suceso. En Granyena de les Garrigues, explicó, se produjo una situación similar en febrero de 2017, con un cazador sin licencia. "Cuando vio que una patrulla de agentes rurales, con uno de ellos armado se le acercaba, dejó la escopeta en el suelo y se marchó corriendo del lugar. Esto es lo que debería haber pasado el 21 de enero de 2017, que el presunto asesino se hubiera marchado de allí porque hubiera visto que había un agente armado que habría respondido si hubiera disparado", dijo. La acusación particular pide 54 años de prisión al acusado, que podría ser juzgado en verano El abogado de las familias calcula que el juicio al presunto asesino podría celebrarse este verano, cuando termine la fase de instrucción. Aún están pendientes de la ampliación del informe de balística para determinar con mayor precisión la distancia y orientación de los disparos así como del informe psicológico del acusado. El abogado de las familias de las víctimas pide que se le condene a 54 años de prisión (25 años por cada asesinato, 3 por atentado a la autoridad y 1 más por tenencia ilícita de armas, ya que no tenía ningún permiso en regla). Además Simarro también solicita que se imponga al acusado una multa de entre 3.000 y 5.000 euros por un delito contra la flora y la fauna. También pide que se condene a un año de prisión al propietario del arma con que el acusado, Ismael Rodríguez, efectuó los cuatro disparos mortales, como cooperador necesario en el delito de tenencia ilícita de armas. El informe de balística concluyó que el arma no había sido manipulada y que por tanto sólo se podían efectuar tres disparos a la vez. Para Simarro, esto demuestra que el cazador recargó el arma para efectuar al menos el cuarto disparo y, por tanto, se refuerza la hipótesis del asesinato.
