Tres años después de que el gobierno español anunciara el encargo de informes técnicos al Massachussetts Institute of Technolgy (MIT) para decidir el futuro del fracasado proyecto de almacén de gas submarino Castor, los expertos de la institución norteamericana y la Universidad de Harvard presentarán finalmente los resultados de los estudios al gobierno español este miércoles por la mañana. El Ministerio de Industria no tuvo suficiente con las conclusiones del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Geológico y Minero (IGME), que señalaron directamente las inyecciones de gas colchón en el subsuelo como causantes de la ola sísmica de más de un millar de terremotos en la costa del Ebro y el Maestrat, y decidió cruzar el Atlántico en busca de más explicaciones. Unos informes que se han ido retrasando con el tiempo –el último plazo de entrega anunciado fue noviembre del pasado 2016- y que llegan un año y medio después de que la exconcesionaria, Escal UGS, se desvinculara del proyecto y fuera indemnizada con 1.350 millones de euros.
El actual Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital será el escenario del ceremonial de entrega de los estudios a su titular, Álvaro Nadal, y la presentación pública de sus conclusiones a los medios de comunicación. Con estos documentos sobre la mesa, el gobierno español del PP deberá decidir si el proyecto podría seguir siendo viable a partir de su reformulación técnica -como avanzó hace un tiempo el presidente de Enagás, Antoni Llardén, reduciendo los caudales de inyección para evitar la sismicidad-, o bien, de acuerdo con lo que reclaman de forma mayoritaria entidades y la ciudadanía, proceder a su total desmantelamiento. Una operación que, según calculó Escal UGS, podría tener un coste de más de 300 millones de euros que se sumarían a los más de 1.760 que ha costado, hasta este momento el controvertido proyecto Castor. De momento, sin embargo, tres años después de que se anunciara el encargo de los estudios nadie aún ha podido contradecir o cuestionar de forma seria las conclusiones de los informes que el IGN y el IGME elaboraron tras la crisis sísmica que llegó a sacudidas de hasta 4,3 grados en la escala de Richter. Sus técnicos certificaron sus tesis, incluso, ante el juzgado número 4 de Vinaròs que investiga los terremotos con una veintena de investigados, entre los cuales, funcionarios, altos cargos ministeriales y el consejo de administración de Escal UGS. "El origen de la sismicidad está temporalmente relacionado con las operaciones de inyección de gas colchón", certificaba el organismo estatal en su documento, que también remarcaba la coincidencia con el incremento de volumen inyectado a raíz de la prueba efectuada los días 5 y 6 de septiembre de 2013. El IGME fue aún más allá cuando cuestionó las prácticas de la exconcesionaria, Escal UGS –controlada por el grupo ACS de Florentino Pérez-: no sólo continuó inyectando gas en el subsuelo después de tener conocimiento de unos sismos hasta entonces inexistentes, sino que, además, había incrementado repentinamente hasta un 147% los caudales para poder llevar a cabo la prueba y, así, conseguir la autorización del gobierno español. Una acción que desafiaba las buenas prácticas reconocidas por parte de la industria, que recomiendan incrementar progresivamente los caudales monitorizando constantemente los efectos sobre la estructura. Según aseguraba, los pequeños terremotos de los primeros días fueron "inducidos", mientras que los de mayor magnitud de finales de septiembre corresponderían a lo que se conoce con sismicidad "disparada": las inyecciones habrían desencadenado la liberación de energía de la falla de forma anticipada. Imprevisión y carencias El informe, que desaconsejaba estas actividades en áreas con "intensa tectónica", como el área donde se emplaza el proyecto Castor, puso de manifiesto las carencias y deficiencias de los trabajos previos por parte de la empresa, que rechazó abiertamente la necesidad de un estudio de riesgo sísmico previo. Más aún, los expertos del organismo estatal llegaron a identificar, a partir de los resultados de las pruebas que había efectuado Escal UGS, la existencia de una falla en la base mismo del almacén desconocida hasta aquel momento. La bautizaron como "falla Castor" y habría sido la responsable de los sismos, con un potencial máximo de llegar a los 5,9 grados en la escala de Richter. Estas explicaciones no gustaron a la exconcesionaria que, a pesar de no haber aportado en ningún momento estudios serios que refuten los argumentos del IGME, intentó desacreditar el informe. Todos estos argumentos –expresados de forma bastante críptica ante un contexto de notables presiones políticas que la quiebra técnica del Castor había generado- no fueron suficientes para que el gobierno español tomara, no sólo la decisión de marcharse del Estado y de Europa a la hora de buscar expertos en la materia que les ayudaran a tomar una decisión definitiva, sino también aceptar la renuncia a la concesión de Escal UGS y autorizar una operación financiera con cargo de los consumidores de gas para pagarle de forma casi inmediata una indemnización de 1.350 millones de euros. En aquel momento, el ministerio que encabezaba José Manuel Soria adujo que disponía de un margen de diez años para determinar si actuaba legalmente contra la empresa controlada por Florentino Pérez por posibles malas praxis y negligencia, que sorprendentemente ya habían sido cubiertas por la concesión aprobada por el gobierno del PSOE en 2008. En estos momentos, y a la espera de los estudios que permitan tomar una decisión definitiva, las instalaciones del proyecto Castor se encuentran inoperativas e hibernadas, una medida que el gobierno español encargó a Enagás y que supone un coste anual de mantenimiento de de 15,78 millones de euros, sólo ligeramente inferior a lo que cuesta mantener el otro almacén submarino en España el de Gaviota. Durante estos tres años, Escal UGS no sólo recibió los 1.350 millones –había percibido también 110 hasta 2012- como indemnización sino que se le reconocieron 300 millones más por la gestión del proyecto y su mantenimiento hasta haberlo abandonado y cedido a Enagás en noviembre de 2014, elevando el coste de la infraestructura a más de 1.760 millones de euros. Un coste que los consumidores de gas de todo el Estado español deberán acabar devolviendo a lo largo de 30 años con los cargos de los costes fijos del sistema que Enagás imputa a sus facturas –a razón de unos 100 millones de euros anuales- y que se puede ver duplicado con la inclusión de otros costes –como el gas colchón inyectado que Escal no pagó o los estudios que se presentan este miércoles- así como el pago de intereses a las entidades financieras que facilitaron el préstamo: Caixabank, Banco de Santander y Bankia.