El juzgado contencioso-administrativo número 1 de Tarragona ha desestimado la demanda interpuesta por una empresa de ingeniería contra el Ayuntamiento de Amposta por la que le reclamaba el pago de 15.000 euros por la dirección de obra de las mejoras complementarias del proyecto de urbanización del núcleo de los Eucaliptus del pasado 2011. Según ha explicado el alcalde, el republicano Adam Tomàs, el pago fue inicialmente autorizado sólo quince días antes de las últimas elecciones municipales por la entonces concejala de Urbanismo y actual portavoz del PDeCAT en la oposición, Isabel Ferré. "O había una incompetencia muy grande o, presuntamente, conociendo el talante de la forma de financiarse de CiU, sorprende mucho que a quince días de las elecciones se plante una factura de 15.000 euros y la apruebe la entonces concejala de Urbanismo de una obra de cinco años antes. Esto nos hace sospechar", ha declarado.
Tomàs se ha mostrado satisfecho de que los juzgados hayan dado finalmente la razón al consistorio. Según ha detallado, al nuevo gobierno municipal no le "cuadró" la autorización de esta factura casi cinco años después y justo antes de los comicios. Por este motivo, la concejalía de Hacienda y Urbanismo decidió detener su pago y analizar detalladamente el pliego de condiciones en cuanto a las obras de mejora. "Según el contrato no debían suponer ningún coste añadido y decidimos no pagarla", ha relatado. Esta decisión supuso la presentación de una contencioso-administrativo por parte de la firma de ingeniería que dirigió la obra el pasado 2016. Ahora, la sentencia, del pasado 30 de mayo, desestima que las arcas municipales tuvieran que hacer frente al pago de los 15.000 euros que el anterior gobierno de CiU había autorizado pagar a la ingeniería para construir la zona verde que se había incluido como mejora en el proyecto de urbanización. "La adjudicación del contrato preveía que por parte de la adjudicataria se ejecutaría a su cargo exclusivo, sin coste para este Ayuntamiento, las mejoras incluidas en su oferta", ha relatado Tomàs, haciendo lectura de la resolución judicial. Todo ello, asegura, es fruto de una "incompetencia muy grande". Pero tampoco descarta, "presuntamente", y dadas el contexto en el que se produjo la autorización, que tuviera relación con una financiación de la campaña electoral de los convergentes. Tomàs ha querido salir, así, al paso de las críticas recibidas desde la oposición del PDeCAT a su gestión, recordando los problemas heredados que los republicanos han tenido que salvar durante sus dos primeros años de gobierno en forma de facturas, reclamaciones y deficiencias en proyectos pertenecientes a épocas anteriores. "Con el día a día vamos encontrando estos rovellones y los intentamos salvar", ha asegurado. "No sabemos si el primer año muchos de los pagos aprobados por el gobierno anterior se debían hacer o no. Éste lo pudimos salvar", ha añadido. Entre los casos más recientes, ha ejemplificado, la reclamación recibida esta semana por parte de un grupo de trabajadores de la Escuela de Arte para que se les reconozcan antigüedades, cotizaciones a la Seguridad Social o jubilaciones. Otro de los quebraderos de cabeza del consistorio actual, ha añadido, es el contrato de suministro de agua potable. El alcalde ha asegurado entender el trabajo de "la oposición de los diferentes grupos políticos", pero ha cargado las tintas contra la actitud de los antiguos convergentes, que se mantuvieron 28 años consecutivos en el gobierno municipal. "Las facturas que tenemos que aprobar por las chapuzas que hizo CiU aún nos las votan en contra", ha lamentado.