La sentencia del "caso Palau" se dictará este lunes

Acusados y abogados están citados a las 9.30 de la mañana en una sala de jurado del Palau de Justícia donde se les entregará, en mano, el CD con toda la sentencia, que es muy larga, y la parte decisoria, con las posibles penas, en papel. La sesión será a puerta cerrada y después se comunicará la sentencia a la prensa. Se prevé que las partes personadas reaccionen a la sentencia allí mismo, por la tarde o al día siguiente martes. Historia de un largo proceso El conocido como 'caso Palau' se inició durante la primera década de este siglo con algunos anónimos llegados a la Agencia Tributaria y a la fiscalía donde se denunciaban irregularidades contables en el entramado del Palau, que incluía la Fundació Palau de la Música, el Orfeó Català y el Consorci del Palau, con presencia de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura. También la Sindicatura de Comptes hizo advertencias al Parlament, así como un interventor de la Generalitat. Durante años estas advertencias no fueron escuchadas pero en 2008 el entonces fiscal de delitos económicos Emilio Sánchez Ulled quiso saber qué había de real detrás de aquellos anónimos. En junio de 2009 presentó una querella que recayó en el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, con Juli Solaz al frente. A finales de julio de aquel año se dio la imagen histórica de los Mossos d'Esquadra entrando en el Palau y llevándose cajas de las oficinas, y el hasta entonces reconocido Fèlix Millet saliendo por una puerta lateral y escondiéndose de la prensa con un paraguas negro. A pesar de algunas evidencias y el escándalo público generado, no hubo detenciones ni imputaciones inmediatas. No fue hasta septiembre cuando, acorralados, Millet y Montull asumieron públicamente, y por indicación de sus abogados Pau Molins y Jordi Pina, que habían desviado fondos de la entidad cultural a sus bolsillos. Semanas después declararon por primera vez en el juzgado por malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y delito societario de administración desleal. Quedaron en libertad provisional. Poco después, Millet cambió de abogado y más adelante lo volvería a hacer. Ambos admitieron que habían pagado gastos particulares como reformas en el hogar, electrodomésticos, viajes familiares e incluso las bodas de las hijas de Millet con dinero de la entidad, y lo hacían falseando facturas para empresas externas o propias o sacando grandes cantidades de dinero en efectivo de las cuentas de la entidad, extracciones que hacían empleados del Palau a través de cheques bancarios o incluso lingotes de oro. Meses después, ya en 2010, salieron las primeras informaciones que apuntaban un posible desvío de dinero del Palau a CDC para financiar el partido de forma irregular, dinero que provendría de la constructora Ferrovial, uno de los principales patrocinadores del Palau. El caso pasó a ser un escándalo político. La instrucción del caso fue bastante lenta y accidentada, y el juez Solaz dejó el juzgado para ir a la Audiencia de Barcelona. Le sustituyó un magistrado que había juzgado la corrupción de Unió en los casos Treball y Turisme, Josep Maria Pijuan, hasta que se marchó de magistrado a Andorra. Después fue sustituido por José Julián García de Eulate que cerró prácticamente la investigación del complejo caso, con algunos retrasos por recursos y obstáculos. De la investigación principal surgió una pieza separada sobre el hotel que Millet y Montull querían que se hiciera en una finca al lado del Palau. Fue por este caso, por supuestas presiones a políticos municipales para obtener la licencia urbanística, que estuvieron en prisión provisional unos días, pero en junio de 2016 fueron absueltos por el Tribunal Supremo. Finalmente, la Sección Décima de la Audiencia recibió la pieza principal el 2 de septiembre de 2016, incluidas 65 cajas con 102 volúmenes y 60.784 folios, más la documentación de las diversas piezas separadas de situación. En la causa hay 38 partes procesales: 16 acusados, dos acusaciones públicas, cuatro acusaciones populares o particulares, cinco responsables civiles a título lucrativo, como CDC, y 11 entidades jurídicas como responsables civiles subsidiarios, básicamente empresas de Millet y Montull o de proveedores que desviaron facturas. Después de pactar un complejo calendario, el juicio comenzó el 1 de marzo de 2017 en el auditorio de la Ciutat de la Justícia, por falta de espacio en el Palau de Justícia, sede de la Audiencia. Después de medio centenar de sesiones, se terminó el 16 de junio. Ahora, siete meses después, se sabrá la sentencia, aunque siempre se podrá recurrir al Tribunal Supremo, que puede tardar dos o tres años más en resolver los recursos. Juicio con sorpresas y acusaciones cruzadas Al inicio del juicio, el abogado de CDC y de su extesorero Daniel Osàcar, Xavier Melero, renunció a más de una treintena de testigos políticos como Jordi Turull, Felip Puig, Pere Macias, Joaquim Nadal o Jordi Cañas. Durante tres meses se hizo habitual en la Ciutat de la Justícia la llegada de Millet en silla de ruedas empujado por un ayudante, y buena parte de los acusados y abogados desayunando en el restaurante del complejo judicial a media mañana. Las sesiones más esperadas fueron las declaraciones de Millet y Montull, cuando tenían que confirmar su cambio de estrategia a cambio de que el fiscal Ulled les rebajara la petición inicial de pena. Ambos se comprometían a admitir que dinero del Palau había ido a parar a CDC. Y lo hicieron, añadiendo incluso por parte de Jordi Montull que la comisión irregular pasó del ya tradicional 3% al 4% porque "CDC quería más dinero". También lo hizo Gemma Montull, la gran beneficiada por la rebaja de penas, pero que aseguró que ella no decidía nada. En cambio, Osàcar lo negó rotundamente, pero no puso la mano en el fuego por su predecesor ya fallecido, Carles Torrent. El dinero, unos 6,2 millones de euros, según la fiscalía, se habrían pagado a través de convenios entre la Fundació del Palau y la Fundació CatDem, cercana a CDC, y mediante facturas falsas a proveedores de CDC para campañas electorales. A cambio, Ferrovial habría obtenido adjudicaciones de obra pública como la Línea 9 del Metro o la misma Ciutat de la Justícia. Meses después, al final del juicio, se confirmó el pacto. En sus conclusiones definitivas antes de terminar el juicio, la fiscalía rebajó a la mitad las penas de prisión solicitadas para Millet y Montull y pidió 14 años y nueve meses para Millet y 10 años y 10 meses para Montull, ante los 27 años y medio que pedía inicialmente, ya que tuvo en cuenta las atenuantes de dilaciones indebidas, confesión y de disminución del daño, porque pagaron parte del dinero defraudado. A ambos les seguía pidiendo 22 millones de euros de multa por los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal. Pero la rebaja más sustancial fue la petición para Gemma Montull, ex directora financiera, a quien inicialmente pedía 26 años de prisión y después lo rebajó a dos años por apropiación indebida y falsedad y un año más por blanqueo. Esta última pena proponía que la pudiera sustituir por 14.400 euros y 10 millones de euros de multa. El ministerio público ya no la consideraba coautora de los delitos de su padre y de Millet, sino sólo cómplice, y le retiró el delito de fraude fiscal. A Rosa Garicano, ex directora general, le pedía nueve años y medio de prisión y ahora le pide tres años y medio por apropiación indebida, blanqueo y tráfico de influencias, además de 12 millones de euros de multa. A todos los importes hay que sumar las indemnizaciones al Orfeó, la Fundació del Palau, el Consorci y la Agencia Tributaria, que superan los 25 MEUR. La fiscalía también pedía siete años y medio de prisión, que aumentó a ocho, para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, a quien acusa de los delitos de tráfico de influencias y de blanqueo de capitales en concurso con un delito continuado de falsedad documental, y una multa de 20 MEUR. Para los dirigentes de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga reclamaba una pena de cuatro años y medio de prisión y 10 MEUR, y finalmente solicitó cinco años de prisión y la misma multa. A los asesores legales y fiscales Raimon Bergós y Santiago Llopart les pedía dos años y 30.000 euros de multa, y a Edmundo Quintana, dos años y diez meses de prisión y 530.000 euros de multa. A los tres representantes de empresas de 'mailing' que habrían hecho facturas falsas para el Palau, aunque no lo reconocieron, el ministerio público les mantuvo la misma petición de penas, mientras que los dos empresarios que sí admitieron haber presentado facturas de CDC para que las pagara el Palau, les admitió la atenuante de confesión y les pide sólo penas de multa. Intenso debate sobre CDC y Ferrovial El fiscal cifra en 6,6 MEUR el dinero que presuntamente habría recibido CDC de Ferrovial a través del Palau de la Música en concepto de "comisiones ilícitas" para la adjudicación de obra pública. Por ello, ya se decomisó este importe a la formación política, que entregó su sede central de la calle Còrsega de Barcelona como fianza. El abogado de Ferrovial y de su ex directivo Pedro Buenaventura, Cristobal Martell, insinuó durante el juicio que CDC habría pedido dinero al Palau de la Música para aportarle la constructora como patrocinadora. De hecho, según él, Millet habría aportado fondos al partido sin que Ferrovial lo supiera ni lo pidiera, ya que las adjudicaciones de obra pública que consiguió la constructora española fueron totalmente legales, según su versión. De hecho, criticó que ninguna acusación haya denunciado las adjudicaciones ni haya contradicho una prueba pericial que presentó la defensa para defender la plena legalidad de las adjudicaciones. Asimismo, recordó que el ex director general de la empresa pública GISA Xavier Borràs, dijo que no había tenido ninguna presión para adjudicar obras a Ferrovial. Por último, aseguró que la constructora tuvo más adjudicaciones con el tripartito que con CiU. Igualmente, Martell defendió que el patrocinio del Palau por parte de Ferrovial fue totalmente real, con las contraprestaciones adecuadas al importe pagado por la constructora, y que las acusaciones no han podido demostrar lo contrario. También intentó rebatir una anotación de una secretaria donde se decía que había que hablar con Osàcar después de hablar con Juan Elizaga, director de relaciones institucionales de Ferrovial. Según Martell, hubiera sido más escandaloso al revés, pero esto supondría que el Palau se esperaba a cobrar de Ferrovial antes de pagar a CDC, pero no por indicación de Ferrovial, sino por indicación de CDC. Martell también atacó a Millet y los Montull por su supuesta confesión. "Cuando el arrepentido tiene ventajas procesales, ponlo en cuarentena", recomendó, pidiendo prudencia al tribunal a la hora de dar credibilidad a la versión de Millet y Montull durante el juicio. En este punto, puso en cuestión el papel del fiscal, ya que Millet habría "vomitado la frase por el telediario" asegurando que Ferrovial financiaba CDC a través del Palau, pero sin dar más detalles, contestando con monosílabos como 'sí' o 'no' o que no recordaba. Por su parte, el abogado de Osàcar y CDC no da ninguna validez ni credibilidad a las confesiones de Millet y de los Montull porque las exculpaciones e incriminaciones no han sido contrastadas judicialmente, y por tanto no se pueden tener en cuenta. Osàcar, según él, no tenía capacidad de influir en ningún funcionario que hiciera adjudicaciones de obra pública, aunque admitía que los pagos de Ferrovial al partido podían no tener nada que ver con las adjudicaciones. Las otras acusaciones La Fundació del Palau y el Consorci -integrado por las administraciones que otorgan subvenciones públicas al Palau- piden, respectivamente, penas de 81 y 21 años para Millet y Montull, sin acusar a CDC de lucrarse a través de la expoliación. De hecho, la posición del Consorci fue muy controvertida durante el juicio. Así, después de que en la reunión del 12 de mayo la dirección del Consorci, liderada por la Generalitat, decidió no acusar a CDC, el abogado habló con el organismo el día 16 y el 17 por la mañana antes de empezar la sesión donde se tenían que presentar las conclusiones definitivas. No recibió ninguna contraorden, aunque se sabía que el Parlament aprobaría una resolución a favor de acusar a CDC y que el Ayuntamiento había obligado a convocar una reunión para el 23 de mayo. Pero tampoco pidió un aplazamiento para presentar las conclusiones. El letrado quiso presentar unas nuevas conclusiones, que sí acusaban a CDC, el 26 de mayo, pero el tribunal no las aceptó porque ya estaba fuera de plazo. La fiscalía también se opuso y le recomendó hacer la acusación al partido durante el informe final. El letrado del Consorci protestó y anunció un posible recurso, pero finalmente no siguió la recomendación del fiscal y tampoco hizo ninguna acusación, aunque fuera simbólica, contra CDC. Por su parte, la Fundació del Palau y del Orfeó mostró su "profunda indignación" por el "saqueo y expolio colosal", y la "burla y el creciente desvergüenza" de los acusados a la institución. Por ello, su abogado expresó su "rechazo ético y moral", aunque no tiene significado jurídico, y no acusa ni a CDC ni a Ferrovial. La Abogacía del Estado cifra el fraude fiscal en 684.000 euros entre 2006 y 2009, aunque sólo en 2007 superó los 120.000 euros que suponen delito fiscal. Por este delito acusa a Millet, Montull, Gemma Montull y el asesor fiscal Edmundo Quintana. Pide siete años y tres meses de prisión contra Millet y Montull, cinco años y tres meses para Gemma Montull y Quintana por delito fiscal y falsedad documental, además de multas millonarias. De hecho, si los acusados no pueden pagar la responsabilidad civil correspondiente, Hacienda pide que sea la Fundació del Palau quien asuma los pagos. Por último, la acusación popular ejercida por la FAVB, calificó a Millet de "patricio poca vergüenza". Además, criticó que fallaron los mecanismos de control y la atención a alertadores, como las denuncias anónimas que llegaban a Hacienda o las advertencias de un interventor de la Generalitat y de la Sindicatura de Comptes. Pero, igualmente, criticó que después del estallido del escándalo en 2009, la institución siga dirigida por la vicepresidenta de entonces, Mariona Carulla, que preside tanto la Fundació como el Orfeó. En este sentido, dijo que habría que haber acusado a más personas, como los industriales que hicieron las obras particulares en casa de los Millet y los Montull y que falsificaron facturas, las esposas de los dos ex dirigentes, o empleados del Palau como el secretario del Orfeó, Joan Segura, y la secretaria de Millet, Elisabet Barberá. También criticó la posición del Consorci y la de la Diputación de Barcelona, que en julio de 2015 se retiró del caso sin motivo aparente justo un mes después de presentar escrito de acusación con peticiones de hasta 67 años de prisión para Millet y Montull, y pocos días antes de que hubiera un cambio de mayorías a consecuencia de las elecciones municipales. La FAVB pide 37 años de prisión para Millet y 25 para Montull y la hija de éste, Gemma, además de una indemnización global a los acusados de 165 millones de euros, 6,6 de los cuales a CDC. La entidad vecinal acusa a Millet y Jordi y Gemma Montull de malversación de fondos públicos, delito societario, apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y fraude fiscal. Pide 11 meses para Rosa Gaircano, la ex directora general. El resto de penas van de los seis meses a los cuatro años por los responsables de CDC, Ferrovial y empresas proveedoras. La acusación popular también pide penas de multa o indemnización de hasta 57 millones en el caso de Millet, 33 por Jordi Montull, 27 por Gemma Montull, 13 por Daniel Osàcar, 11 por Rosa Garicano y 6,6 por los dos directivos de Ferrovial y CDC.