Miembros de la PAH han ocupado la sede del Servicio Territorial de Vivienda de la Generalitat en Lleida para exigir una solución para una familia con cuatro hijos, dos de ellos menores, que ocupan desde hace seis meses un piso del barrio de la Mariola y que debía ser desalojada este jueves. El inmueble, propiedad de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, está asignado a otra familia que no puede entrar a vivir mientras siga ocupado. El desalojo se ha pospuesto, de momento, hasta el lunes pero antes Generalitat y Ayuntamiento de Lleida se han comprometido a revisar el expediente de esta familia a pesar de que el informe de los servicios sociales descarta que exista riesgo de exclusión social, algo que niegan desde la PAH. La Paeria les ofrece ir a una pensión como solución provisional pero los afectados lo rechazan y reclaman quedarse en el piso pagando un alquiler social o que les faciliten otro. La familia, con cuatro hijos, dos de los cuales menores de edad, lleva viviendo desde hace seis meses en un piso que ocuparon en el número 25 de los Bloques Joan Carles del barrio de la Mariola de Lleida. Desde la Agencia de la Vivienda de Cataluña se les había dado de margen hasta este jueves para que abandonaran el inmueble ya que éste está asignado a otra familia "que ha seguido todo el protocolo reglamentario" y que "está esperando para poder entrar", según ha explicado la directora de los servicios territoriales de Territorio y Sostenibilidad en Lleida.
Tella ha explicado que el informe de los servicios sociales de la Paeria determina que la familia no cumple los requisitos de riesgo de exclusión social ya que "si fuera así se les dejaría estar en el piso o se les buscaría otro" a través de la mesa de emergencias, aunque desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sí consideran que existe este riesgo. Desde los servicios sociales municipales se ha ofrecido a los seis miembros del núcleo familiar poder ir a una pensión como solución habitacional provisional pero los afectados no lo aceptan y reclaman poder seguir en el piso donde viven ahora o que se les facilite otro de forma definitiva, pagando un alquiler social.
Desde la PAH, que han estado reunidos con Dolors Tella y responsables de la Agencia de la Vivienda, defienden que la familia "se vio obligada a entrar en el piso por el hecho de que ninguna administración les diera una alternativa digna". Desde la plataforma lamentan que la Agencia de la Vivienda haya decidido echar a la familia del piso "para dejarla en la calle" sin facilitarle una solución habitacional definitiva.
El desalojo, en principio, se ha pospuesto hasta el próximo lunes aunque Generalitat y Paeria se han comprometido antes a volver a revisar de forma conjunta la situación de esta familia y el expediente de los servicios sociales municipales ya que los afectados aseguran que disponen de informes médicos que permitirían acreditar la existencia de riesgo de exclusión social que no se han tenido en cuenta.
