El Ayuntamiento de Lleida ha organizado hoy una jornada de presentación pública de la propuesta de reglamento de abastecimiento de agua potable en Lleida, que actualmente se encuentra en fase de propuesta y de información pública previa a su aprobación en el pleno municipal.
El concejal de Hábitat Rural y Sostenibilidad, Joan Queralt, que ha participado en el acto, ha destacado que el objeto de este documento es regular las relaciones entre el prestador del servicio y sus usuarios, señalando los derechos y obligaciones básicas de cada una de las partes. Entre los aspectos ambientales que prevé, se contempla que los usuarios deben utilizar el agua con criterios de ahorro, eficiencia y uso racional y que tienen derecho a disponer del agua en condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas.
El reglamento garantiza el abastecimiento de agua potable para el consumo en el término municipal de Lleida sin fijar ninguna modalidad de gestión del servicio, que actualmente se presta de forma indirecta a través de la empresa Aqualia.
La necesidad de este reglamento viene determinada por la adaptación a los cambios experimentados por el abastecimiento de agua en los últimos años, con el fin de optimizar los recursos hídricos del municipio, mejorar la prestación del servicio con criterios de eficiencia, sostenibilidad y servicio público, así como para fijar el marco jurídico que debe regularlo.
Así, establece, entre otras cuestiones, las condiciones de contratación del servicio; cómo deben hacerse las conexiones en función de los diferentes usos del agua (doméstico, comercial, industrial, municipal y especial); los diferentes tipos de contadores; cómo debe hacerse la lectura del consumo y la facturación; el régimen de inspección, sanciones y reclamaciones; y las medidas excepcionales a aplicar en casos excepcionales o de emergencia por sequía, como la prohibición de llenar piscinas, estanques y fuentes privadas o la limitación del uso del agua para la refrigeración o la limpieza de calles.
También se establecen las condiciones y el procedimiento para la suspensión del suministro. En cuanto a las personas físicas y familias que se encuentren en situación de riesgo de exclusión, el mismo reglamento contempla, como ya se aplica actualmente, la obligación de proceder en caso de impago según determina la ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética y al amparo de la ley 22/2010 del Código de Consumo de Cataluña.
La elaboración de este reglamento ha contado con la participación de forma transversal de diferentes departamentos municipales, como son los de Medio Ambiente, Obras e Infraestructuras, Consumo, Servicios Personales, Servicios Urbanos y el Área Jurídica.
