La titular del juzgado número 2 de Amposta ha ordenado que continúe el procedimiento por supuesta malversación de fondos públicos contra el exalcalde de Amposta, Manel Ferré, tras la vista celebrada con todas las partes el pasado 30 de julio para concretar la imputación. Considera que existen indicios suficientes para atribuirle y mantenerlo como investigado por este presunto delito, penado con hasta seis años de prisión, a raíz del cobro de 23.640 euros en dietas duplicadas del Ayuntamiento de Amposta, el Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) y otros organismos públicos de los cuales formaba parte de los órganos de dirección a los que acudía sin representar al consistorio. La jueza, que abrió el procedimiento de juicio jurado popular hace unos meses, rechaza el argumento de la defensa, según el cual Ferré no actuaba con ánimo de lucro alegando una "descuidad gestión" por parte suya fruto de la "superposición de cargos y reuniones". Por otro lado, y a petición de la Fiscalía, se encargará a la Sindicatura de Cuentas que confirme el informe de los Mossos y sobre la legalidad de las dietas. Tanto el Ayuntamiento, acusación, como la Fiscalía se pronunciaron sobre la necesidad de que el procedimiento siguiera adelante por supuesta malversación de fondos públicos. Sobre la base del informe elaborado por la División de Investigación Criminal de los Mossos –que rastreó todos los gastos cobrados por Ferré entre 2011 y 2014- y los solicitados a secretaría e intervención municipales, la jueza entiende que el exalcalde habría pasado al consistorio gastos de desplazamiento, peajes, comida, alojamiento y aparcamientos de reuniones de organismos para los cuales no había sido designado como representante municipal. Las dietas en cuestión suman un total de 23.630 euros.
La jueza rechaza de pleno el argumento de la defensa según el cual no existía el elemento doloso o el ánimo de lucro. Sorprendentemente, y especialmente después de que Ferré hubiera proclamado reiteradamente su inocencia y rechazado cualquier pacto con la Fiscalía o la acusación a la salida de los juzgados, los abogados adujeron una "descuidad gestión" por parte del exalcalde, fruto de una "superposición de cargos" –tenía cargos directivos o formaba parte de unos dieciocho organismos, muchos de los cuales por designación de su partido, CDC y no del Ayuntamiento-. Una explicación que, según reprocha la jueza, no puede asumir, "más aún teniendo en cuenta el especial deber de gestión de los recursos públicos por razón del cargo".
La defensa intentó también explotar el hecho de que las dietas habían sido autorizadas por la interventora. En este punto, la jueza recuerda que la funcionaria, de acuerdo con su declaración y los informes presentados, ejercía una función "meramente formal o instrumental" y eran aprobadas, finalmente, vía decreto de alcaldía. Por contra, apunta que era el funcionario público, en este caso el exalcalde, quien firmando las notas de gastos declaraba que estos han sido efectuados en el ejercicio de sus funciones. "No se considera estrictamente necesario que el funcionario tenga en su poder los fondos públicos por razón de la competencia que ostenta, sino que es suficiente que tenga competencia para adoptar decisiones que se traduzcan en la disposición sobre los mismos", razona la jueza en su escrito, todo remarcando que los funcionarios no solo deben velar por no dañar el patrimonio público, sino que disponen de la confianza de los ciudadanos en su "honesta gestión" y la "fidelidad al servicio" que se les encarga.
"Nadie está por encima de la ley"
El concejal no adscrito German Ciscar, que llevó el caso a los tribunales tras detectar irregularidades en las dietas de Ferré, confía en que el caso acabe finalmente a juicio. "Espero que se haga justicia, que se le acuse por lo que es verdad, malversación de fondos públicos, y que el Ayuntamiento de Amposta recupere esos miles de euros. Y sobre todo que se envíe un aviso: que nadie está por encima de la ley. El señor Manel Ferré pensaba que sí. Ya no solo yo quien ve esto: es la Fiscalía, la jueza y los Mossos d'Esquadra", ha valorado. En el caso de que se acabe abriendo juicio oral y se acuse formalmente a Ferré, la vista se haría con un jurado popular en la Audiencia de Tarragona. Ciscar también ha mostrado sorpresa ante el argumento de la defensa de una "gestión descuidada" por parte del exalcalde. "A estas alturas poca gente se lo puede creer. La justicia tampoco se lo cree. Que nos lo explique: cuando es de forma continuada y reiterada, hablamos de miles de euros, gestión descuidada, que es su defensa, es muy pobre. Si hubiera sido un momento puntual y de pocos cientos se podría creer o no. Pero siendo miles de euros y de forma sistemática se ve que ha sido malversación de fondos públicos", ha añadido.
De acuerdo con el informe policial, el consistorio abonó a Ferré entre 2011 y 2014 13.828 euros en gastos que ya habían sido sufragados por alguno de estos organismos, principalmente el CSC. Algunos de los conceptos, causaron estupefacción entre la ciudadanía entre las dietas que Ferré cobró de forma duplicada al mencionado organismo y el consistorio figuraba una comida en un restaurante de Barcelona a base de "langosta", "filete", "vino de Rioja". Los 9.800 euros restantes fueron asumidos por algunos de los entes públicos mencionados. Prácticamente desde su nombramiento como presidente de este consorcio, Ferré dispuso de una tarjeta de crédito del CSC con la cual, según los Mossos, financiaba la gasolina y los costos de desplazamiento con su vehículo particular. Desde mediados de 2012, además, el ente le puso un coche a su disposición. Pero Ferré continuaba pasando dietas supuestamente duplicadas al consistorio.
Ahora, la jueza ha acordado también, a petición de la Fiscalía, solicitar un informe técnico a la Sindicatura de Cuentas sobre el documento presentado por los Mossos en la línea de "confirmar, matizar o corregir" su contenido. También pide al organismo que determine la corrección legal de la doble imputación de gastos o dietas entre el Ayuntamiento, por un lado, y el CSC, la ACM, la Agencia de Salud Pública de Cataluña, el ICS, GINSA y SEM, por los cuales también solicitó dietas aunque no representaba al Ayuntamiento cuando asistía a sus reuniones. Finalmente, la Sindicatura deberá pronunciarse sobre la reclamación del consistorio por los gastos de kilometraje efectuados con el todoterreno que le fue entregado por el CSC.