El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Tarragona (SEPRONA), sorprendió el pasado sábado a tres furtivos vecinos del barrio de Camp Clar (Tarragona), de 32, 33 y 43 años, cuando intentaban capturar jilgueros con artes prohibidas en el paraje conocido como Camino Ranchero del término municipal de l'Aldea (Tarragona).
Los hechos sucedieron en un área privada de caza de l'Aldea, durante la prestación del servicio orientado a la protección de la flora y la fauna. La Guardia Civil localizó varias varillas impregnadas con cola con 4 jaulas con jilgueros vivos alrededor utilizadas como reclamo. Estos pájaros fringílidos sirven para atraer a las aves de la misma especie hacia las trampas.
El sistema utilizado consiste en atraer a las aves con los reclamos vivos, para que se posen en las varillas, donde quedan atrapados al quedarles las patas impregnadas en la cola impidiendo el vuelo, para posteriormente recogerlos y destinarlos a la venta ilegal.
Próximos a la zona de captura se localizaron tres personas, las cuales manifestaron que los aparatos instalados eran de su propiedad y que no contaban con ningún tipo de autorización, por lo que fueron denunciados ante el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Natural de la Generalitat de Catalunya, por infringir varios conceptos de la normativarelacionada con la protección de animales y la conservación de la flora, la fauna y la biodiversidad.
Se confiscaron varios ejemplares de jilguero y lúgano, los cuales fueron liberados en su medio natural.
Cabe resaltar que, las especies de pájaros fringílidos, como el jilguero, el verderón y el lúgano no se encuentran catalogadas como amenazadas, pero gozan de un régimen de protección general, contemplando la posibilidad de autorizar su captura solo de forma excepcional, para ello se deben cumplir unas condiciones determinadas entre las que figuran: estar en posesión de una tarjeta federativa, pertenecer a una sociedad cantora de pájaros, poseer licencia de caza tipo B sin arma, contar con autorización nominal expedida por la Generalitat de Catalunya y estar autorizado por el titular del coto para el desarrollo de la actividad.
