La Fiscalía General del Estado prevé presentar este lunes querellas en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todo su gobierno, por un lado, y contra Carmen Forcadell y los miembros de la presidenta del Parlament que tramitaron la votación de la declaración de independencia, por el otro. Previsiblemente lo hará por delitos de rebelión, penado con hasta 30 años de prisión, aunque está abierto a que lo pueda hacer por sedición. Las querellas ya están redactadas desde hace más de una semana, cuando fuentes de la Fiscalía advirtieron que tenían preparadas "por si se llevara a cabo una declaración de independencia" como la del viernes. El Govern y la Mesa ya tienen causas abiertas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por delitos como el de desobediencia, prevaricación o malversación de fondos públicos.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado ya apuntaron el viernes que sería este lunes cuando se presentarían las querellas por la declaración de independencia. Afectarán previsiblemente al president de la Generalitat y todo su gobierno, así como a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa que apoyaron la tramitación de la declaración de independencia: Lluís Ginó, Anna Simó y Ramona Barrufet. Varios medios han apuntado este lunes que la querella contra Forcadell y el resto de miembros del Parlament aforados se presentarán en el Tribunal Supremo, mientras que Puigdemont y su gobierno –que el viernes habrían perdido la condición de aforados en aplicación del 155- quedarían en manos de la Audiencia Nacional, que es el tribunal que tiene las competencias para juzgar delitos de rebelión. Con todo, la Fiscalía podría no pedir la detención inmediata de ninguno de los querellados. Ya antes de la votación del viernes en el Parlament, la Fiscalía remarcó que actuará contra "todos aquellos que hayan participado en los hechos" y hace unos días confirmó que estaba preparando una querella por el delito de rebelión si se declaraba la independencia en el Parlament, aunque fuentes del ministerio público no confirmaban este viernes por qué delito se tomarían acciones. El delito de rebelión prevé penas de prisión de hasta 30 años y la semana pasada fuentes de la Fiscalía General del Estado explicaron que la querella estaba prácticamente redactada "por si se llevara a cabo una declaración de independencia".
