La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al juez instructor Pablo Llarena que mantenga en prisión a Jordi Sànchez y Joaquim Forn. Esta es la respuesta de la Fiscalía a los escritos presentados por la defensa del conseller destituido y del exlíder de ANC y diputado después de que el pasado 11 de enero declararan ante el Supremo sobre el fondo de la causa. En un breve comunicado, el ministerio público avanza su posicionamiento, no argumenta el porqué de la decisión pero recuerda que la prisión provisional se puede revisar a medida que avance la instrucción del caso. Una vez conocido el posicionamiento de la Fiscalía, el juez del Tribunal Supremo deberá emitir una resolución donde determine si, haciendo caso al ministerio público, mantiene encarcelados a Sànchez y Forn o, por el contrario, opta por una medida cautelar menos grave. Por otra parte, la defensa del presidente de Òmnium está ultimando el escrito pidiendo su libertad porque está terminando de recopilar diversa documentación.
En su escrito, la defensa de Sànchez pide la excarcelación porque, según afirma, no ha cometido el supuesto delito de sedición que le atribuye. Según él, la concentración el 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía fue una movilización pacífica, democrática y festiva, aunque hubo "posibles excesos de una minoría" al romper dos vehículos de la Guardia Civil. Además, recuerda que ya no lidera la ANC y por tanto ha perdido la capacidad de movilización ciudadana que tenía. Igualmente, como diputado, ha jurado o prometido la Constitución y ha renunciado a la vía unilateral. En el caso del de Interior destituido Joaquim Forn, solicitaba al magistrado salir de la prisión al considerar que no existe riesgo de reiteración delictiva porque no será conseller del ramo otra vez y porque él "nunca influyó" en los dispositivos policiales de los Mossos el 20 de septiembre y el 1 de octubre. En el escrito de sus abogados, se recuerda que la planificación policial para el día del referéndum se pactó con los cuerpos policiales españoles y el TSJC y no recibió ninguna queja. La defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, está ultimando el escrito pidiendo su libertad porque está terminando de recopilar diversa documentación, entre ellas material audiovisual, sobre todo referente al 20 de septiembre. La abogada quiere aportar pruebas que demuestren que aquel día no hubo violencia, que se ayudó a la comitiva judicial y que las entidades desconvocaron la protesta
