La fiscalía ha enviado al juzgado la denuncia presentada por la CUP de Tarragona por las presuntas irregularidades en la creación de un sistema de recursos humanos propio por parte de la empresa Aparcamientos Municipales de Tarragona (AMT). Según han confirmado fuentes judiciales, el juzgado de instrucción número 4 recibió la denuncia la semana pasada y ahora se está pendiente de que se admita o no a trámite. La portavoz de la CUP, Laia Estrada, ha explicado este miércoles que estudian presentarse como acusación popular en el caso para aclarar si se cometieron delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias o blanqueo de capitales. El caso lo destapó el digital 'Porta Enrere' en octubre del año pasado con un reportaje que listaba una serie de posibles irregularidades. Según ha recordado Estrada, la creación de este servicio, valorada en unos 47.625 euros, de los cuales, 5.400 fueron destinados a un curso de 'coaching' ejecutivo para personal de la empresa, se habría hecho a partir de un proceso negociado sin publicidad, iniciado por la AMT, que ganó la empresa Isora Solutions.
Entre las informaciones dadas por la gerencia en Consejo de Administración y entre las declaraciones de los diferentes implicados publicadas por el medio digital, la CUP ve varias contradicciones o preguntas sin resolver. En concreto, las dudas planean sobre el objetivo de la contratación, el calendario concreto de las sesiones formativas, la razón por la cual no pasó el contrato por Consejo de Administración, por qué se invitaron a tres empresas y la relación de la concejala socialista Begoña Floria con el administrador de Isora Solutions, Hernán Cerna.
Según las informaciones publicadas por el medio digital, Floria, que era presidenta de la AMT durante la época de firma del contrato -en 2015-, había sido alumna de Cerna y había hecho de profesora en varios cursos de 'coaching' que esta persona había organizado. Además, las dos empresas que también se presentaron al negociado sin publicidad lo habrían hecho a instancias de Isora Solutions, a pesar de que una de ellas no tenía infraestructura para poder prestar el servicio.
Este miércoles la CUP ha valorado que si la fiscalía decide remitir el caso a los juzgados es porque la Guardia Civil -que actúa como policía judicial- ha comprobado que existen "indicios delictivos". Los anticapitalistas han defendido que no pueden "mirar hacia otro lado" y que, por este motivo, decidirán en asamblea si ejercen la acusación popular tal y como ya hacen en el caso Inipro, que también salpica a la concejala Begoña Floria y al alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, investigados por varios delitos.
La portavoz de los cupaires, Laia Estrada, ha afirmado que si llevaran a los juzgados todo aquello que es "susceptible de ser delictivo" en relación al Ayuntamiento de Tarragona dejarían de ser "cargos electos" y pasarían a ser "investigadores privados". Y es que, según la CUP, "no se hace una correcta fiscalización de las prestaciones de muchos servicios públicos" que se están pagando "con cantidades ingentes de dinero público".
A la espera de conocer cómo avanza el procedimiento, Estrada ha recordado que no les tiembla el pulso a la hora de pedir responsabilidades políticas. "En este ayuntamiento parece que los cargos electos se sientan cómodos a pesar de estar siendo investigados por casos de corrupción, es decir, por robar dinero público, pero lo que no haremos será mirar hacia otro lado ante unos hechos que son muy susceptibles de ser delictivos", ha remachado.