La Diputación de Lleida informa a las alcaldías de las afectaciones en las gestiones municipales de los decretos de la Generalitat y el Estado a raíz de la crisis del COVID-19. Los Servicios Jurídicos, el área de Cooperación Municipal y el organismo de Recaudación responden así a las dudas sobre la suspensión de los plazos legales y el aplazamiento de los plazos de cobro de tasas e impuestos municipales. La Diputación de Lleida ha hecho llegar a todas las alcaldías de la demarcación de Lleida una explicación detallando las afectaciones que tienen sobre las gestiones municipales las diferentes normativas aprobadas por la Administración del Estado y la Generalitat de Cataluña a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19. En una misiva firmada por el presidente Joan Talarn, el vicepresidente y diputado responsable de Cooperación Municipal Jordi Latorre y la vicepresidenta del organismo de Recaudación, Rosa Maria Perelló, se adjuntan cuatro documentos explicativos sobre cómo aplicar en las gestiones municipales el Real Decreto-Ley 463/2020, de 14 de marzo, por el cual se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria producida por el COVID-1; el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; y el Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica. Esta documentación, recopilada e interpretada por los Servicios Jurídicos de la Diputación de Lleida, el área de Cooperación Municipal y el Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación de Tributos Locales (OAGRTL), tiene como finalidad resolver dudas de los municipios sobre la validez de las reuniones no presenciales de los electos, la vigencia de los contratos de servicios en vigor y los plazos de recaudación de los impuestos. Cabe recordar que la semana pasada, la Diputación de Lleida acordó todo un paquete de medidas económicas, entre las cuales se contempla alargar hasta el 21 de mayo el período de recaudación voluntaria del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que finalizaba el día 30 de marzo, y el mantenimiento de la capacidad financiera de los municipios manteniendo el sistema de anticipos reintegrables a los ayuntamientos, incluso la derivada de la recaudación del impuesto de vehículos. Asimismo, la partida inicial de 1.000.000 de euros destinada a ayudar a hacer frente a los gastos ordinarios de los ayuntamientos, se ha incrementado en 800.000 euros y se prevé la posibilidad de incrementar la cuantía correspondiente en casos de extraordinaria necesidad de algunos ayuntamientos.
