La Diputación de Tarragona aprueba una declaración contra la carta que Endesa envió a los ayuntamientos informándoles de que cortará la electricidad a personas en situación de exclusión social

27 de septiembre de 2019 a las 18:27h

El Pleno de la Diputación de Tarragona, celebrado este viernes por la mañana, ha aprobado una declaración institucional de rechazo a "la amenaza por parte de Endesa de iniciar los procedimientos de suspensión de suministro eléctrico a las personas vulnerables", a partir del 1 de octubre. La compañía eléctrica comunicó esta medida en una carta enviada a ayuntamientos catalanes durante el mes de agosto.

En su declaración, la Diputación de Tarragona manifiesta su desacuerdo por el tono y por el contenido de la carta. En este sentido, la institución supramunicipal destaca que la ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y pobreza energética, aprobada por el Parlamento, "garantiza el acceso a los suministros básicos de agua, luz y gas, y prohíbe los cortes de suministro a las personas en situación de exclusión residencial".

En concreto, esta norma legal establece protocolos obligados de comunicación a los servicios sociales e intervención de estos servicios para evitar los cortes de suministro, y acuerdos entre las administraciones públicas con las compañías de suministro de agua potable, gas y electricidad para garantizar ayudas o descuentos a personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión, entre otras medidas. Por todo ello, señala la declaración institucional, "las administraciones competentes no permitiremos el corte de suministro a las personas que acrediten la situación de exclusión social mencionada arbitrando todas aquellas ayudas previstas en la ley".

El pasado 5 de septiembre, la Generalitat, las cuatro diputaciones catalanas, las entidades municipalistas (FMC y ACM) y el Área Metropolitana de Barcelona ya firmaron un escrito dirigido a Endesa donde se exigía que se retirara la amenaza de iniciar los procedimientos de suspensión de suministro eléctrico a ciudadanos y ciudadanas a partir del 1 de octubre, y expresaba la voluntad de no permitir ninguna suspensión a ninguna persona vulnerable, con la aplicación de las sanciones previstas si estos cortes se producían.