La Diputación de Lleida se posiciona a favor de los CDR

La Diputación de Lleida ha aprobado una moción presentada por ERC para reconocer la ''legitimidad'' de acción de los conocidos como Comités de Defensa de la República (CDR) y también para rechazar las operaciones del Estado a través de los cuerpos policiales y a instancias judiciales que los persiguen con detenciones como las del activista de Viladecans la semana pasada. La moción ha contado con el apoyo de los grupos del PDeCAT y la CUP y la han votado en contra el PSC, el PPC, Unitat d'Aran y C's. El plenario del mes de abril también ha aprobado un plan de ajuste financiero de dos años después de haber superado en tres millones de euros la regla del gasto que fija el Estado. El presidente de la Diputación, Joan Reñé, ha asegurado que este plan no prevé ningún tipo de ''medida estructural'' y que es consecuencia de que el presupuesto del año pasado tenía consignaciones que no se gastaron. El plan ha recibido el apoyo del PDeCAT y la diputada del PPC mientras que el resto de grupos se han abstenido. La moción presentada por los republicanos insta a la Diputación de Lleida a denunciar la ''criminalización de la protesta social, la represión y la violencia institucional y se posiciona a favor de la libertad de expresión, la libertad ideológica, la libertad de manifestación, la voluntad popular a favor del derecho a la autodeterminación y la construcción de un país mejor, desde abajo y para todos en forma de República''. El encargado de defenderla ha sido el portavoz de ERC, Jaume Gilabert que ha añadido que estaría bien que el estado español se esforzara tanto en perseguir también las 139 agresiones y acciones violentas contra el catalanismo y los independentistas contabilizadas en los últimos meses desde la quema del Ateneo Popular de Sarrià, la agresión a personas que llevan lazos amarillos o el intento de quemar una casa porque había una pancarta pidiendo la ''libertad de los presos políticos''. Por parte de Unitat d'Aran, Paco Boya ha justificado su voto contrario a la moción porque no consideran ''legítima la protesta y las acciones'' de los CDR y ha apostado por recuperar el tono ''desencrespado'' que permita otra vez ganar un espacio para la política. La portavoz de C's, Ángeles Ribes, ha leído un artículo de la periodista Pilar Rahola donde criticaba el asedio que hubo en el Parlamento en 2012 y ha pedido ''responsabilidad'' a la hora de presentar según qué tipo de mociones. Ribes ha asegurado que el texto de ERC no aporta ''nada más que caminar en un conflicto social que sólo interesa a cuatro chupópteros y cuatro farsantes''. La portavoz del PPC, Dolors López, ha asegurado que los CDR quieren imponer una determinada ideología y que a pesar de que se declaran no violentos, los integran unos ''determinados grupos y personas beligerantes que pueden provocar acciones violentas''. Según López, los CDR sólo tienen el único objetivo de conseguir la ''ruptura del Estado constitucional''. El portavoz de la CUP, Joel Jové, ha compartido plenamente el ideario de la moción y lo ha justificado señalando que él mismo es fundador y miembro de un CDR que es ''de todo menos violento''. A su vez, el portavoz del PDeCAT, Jordi Latorre, ha señalado que el caso de la detención del activista del CDR de Viladecans es ''paradigmático'' con acusaciones de terrorismo y rebelión. Es por ello, que se ha mostrado convencido de que sólo se trata de criminalizar un movimiento político, perseguir el independentismo ''sea cual sea su forma, en una banalización de una forma muy dolorosa de un pueblo pacífico''. Plan de ajuste financiero de dos años El plenario de la Diputación de Lleida de este mes de abril ha aprobado un plan de ajuste financiero de dos años después de haber superado en 3 millones de euros la regla del gasto que fija el Estado. El presidente del ente, Joan Reñé, ha sido especialmente crítico con el ministro Montoro porque considera que se ven obligados a aprobar este plan por una tendencia del gobierno español que ''tensiona la gestión de las economías y los remanentes''. Los tres millones que superan la regla de gasto corresponden a actuaciones adjudicadas pero no liquidadas en 2017, al estar aún en curso al terminar el año. La Diputación deberá elaborar una nueva planificación de las obras y actuaciones previstas con cargo a sus remanentes de tesorería para compensar el ritmo de los pagos a medida que se completan con la limitación anual que impone la regla del gasto. El Pleno también ha aprobado un convenio con la aduana Edullesa de Lleida para financiar con 30.000 euros anuales durante cuatro años parte de las obras de mejora de este equipamiento, presupuestadas en 400.000 euros. Asimismo, también se ha aprobado una partida de 1'5 millones para carreteras de entre las que destacan los 722.000 euros de la carretera de Llimiana, en el Pallars Jussà. Antes de comenzar el Pleno, el presidente de la Diputación de Lleida ha tenido unas palabras de recuerdo para las dos víctimas mortales de esta semana en la carretera de Castell de Mur por un desprendimiento de piedras y tierra que aplastó completamente su vehículo. Las víctimas eran los padres del alcalde de Sant Esteve de la Sarga y la carretera donde tuvo lugar el trágico suceso es de titularidad de la Diputación, que ya ha comenzado a reparar los daños.