La Diputación de Lleida se personará en la causa del llamado 'caso Boreas' que investiga al expresidente del ente, Joan Reñé, y a 23 personas más por presuntos delitos de corrupción y enriquecimiento personal. Así lo han decidido después de hacerse público, tal como explicó la ACN, que el juzgado de instrucción 1 de Lleida investiga si la Diputación diseñaba concursos a medida para adjudicar obras 'a dedo' a cambio de comisiones y si responsables del ente provincial hicieron uso de información privilegiada para aventajar a empresas leridanas. Fuentes de la Diputación también han explicado que la corporación ha retirado la defensa jurídica a dos de los investigados. Concretamente, a la número dos de Reñé, Marlen Minguell y a la mano derecha de Reñé, encargado de las adjudicaciones y presente en las mesas de contratación, Enrique Regaño. Además, no descartan retirar la defensa a otros investigados según avance el caso. Reñé ya renunció a los abogados de la Diputación. El juzgado de instrucción 1 de Lleida está investigando si desde la Diputación de Lleida se intentó influir en la adjudicación de obras para beneficiar a empresas leridanas que posteriormente pagaban comisiones al ya expresidente de la Diputación, Joan Reñé, y a su número dos, Marlen Minguell. Concretamente, se investiga si desde el ente se informaba previamente de los concursos públicos a algunas empresas de Lleida y si se diseñaban criterios técnicos a medida para que éstas resultaran ganadoras. Quien decidía las adjudicaciones después de estudiar las ofertas era la mesa de contratación, integrada por miembros de la Diputación. Precisamente, una de las personas detenidas fue Enrique Regaño, mano derecha de Reñé, encargado de las adjudicaciones y presente en las mesas de contratación.
Es parte de la investigación del 'caso Boreas', que cuenta con un sumario de quince tomos y más de 4.000 folios, y que llevó a la detención del ya expresidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, y 23 personas más, el 2 de octubre de 2018. El juzgado investiga si Reñé podría haber cobrado comisiones de hasta 200.000 euros para su lucro personal. Según la investigación, el expresidente de la Diputación pasó "períodos largos" sin usar tarjetas de crédito y pagando siempre en efectivo.
Inicio de la investigación
La investigación se inició en el año 2014, cuando llegó a la fiscalía de Lleida un acta notarial de una reunión de la empresa M. J. Gruas, en la que se recogía que unos accionistas culpaban a los otros de la misma empresa de haber pagado comisiones a Reñé, cuando era presidente del Consejo Comarcal del Pla d'Urgell, en el año 2010. En el acta, con fecha 14 de noviembre de 2014, el asesor jurídico de la empresa decía que "los pagos como consecuencia de la adjudicación son conocidos por todos los miembros del consejo" y reconocía así pagos en efectivo a Reñé y a su número dos por la adjudicación del mantenimiento de seis plantas depuradoras del Pla d'Urgell.
El acta formaba parte de una documentación de casi 400 páginas, en la que se recogían también algunas de estas facturas, así como correos en los que responsables de empresas como Serboniu, Enginyeria Inalba o M. J. Gruas decían cuándo, cómo y con qué concepto se debían hacer las facturas. Los Mossos también detuvieron a responsables de estas empresas el 2 de octubre. Estas facturas se encargaban a la empresa 'Interiorismo y Reformas Profesionales', administrada por un empresario de Huesca, Diego Garzón, de 80 años, al que también se ha investigado por la posible elaboración de facturas falsas "a la carta" a empresas de Lleida vinculadas con Reñé.
Operación policial con 24 detenidos
La operación policial y judicial que comportó la detención de Reñé se saldó finalmente con 24 personas detenidas. Asimismo, se practicaron un total de 6 registros entre los que se encuentra el Palau de la Diputación, la sede del Organismo Autónomo de Recaudación de Tributos, la delegación de Carreteras en Lleida, la empresa M.J. Gruas, y la ingeniería Inalba de Mollerussa. La causa está abierta desde 2016 por corrupción y enriquecimiento personal en relación al contrato de una empresa por parte de la corporación municipalista y la lleva el juzgado de Instrucción número 1 de Lleida.
Los hechos objeto de la investigación podrían ser constitutivos de diversos delitos contra la Administración pública, especialmente soborno y el fraude en materia de contratación así como el blanqueo de capitales. Después de ser puesto en libertad, Reñé dijo que se había negado a declarar ante los mossos y que lo hará cuando se le pida ante el juez.
