La Diputación de Lleida ha aprobado una declaración de apoyo a los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, donde se exige su "inmediata puesta en libertad" al considerar que se les acusa de un delito de sedición que es "injustificado". En el texto, también se denuncia "la escasa calidad democrática de un Estado que hace un uso partidista de las instituciones judiciales" e insta a las instituciones y organismos europeos a "reaccionar ante la vulneración flagrante, por parte del estado español, de los principales fundamentos de un estado de derecho, la falta de separación de poderes y para garantizar las libertades básicas de la ciudadanía europea". La moción consensuada por los grupos de CiU, ERC y la CUP ha recibido los votos en contra del PSC y C's. La representante del PP, Dolors López, no ha asistido al pleno por motivos personales. Tampoco ha asistido el diputado de Unitat d'Aran, Francés Boya.
Por lo tanto, la moción se ha aprobado con 18 votos a favor (11 de CiU -faltaba el diputado Eloi Bergós-, 6 de ERC y 1 de la CUP) y 4 en contra (3 del PSC y 1 de C's). Los dos bloques se han acusado mutuamente de mentir en relación con los hechos por los cuales se ha encarcelado a Sànchez y Cuixart y el debate se ha centrado en criticar o defender el principio de separación de poderes y la independencia de la justicia en el estado español. En la exposición de motivos de la moción ya se lamenta que mientras el Gobierno de la Generalitat reiteraba la puerta abierta al diálogo, los líderes de la ANC y Òmnium eran detenidos "'por su ideología política'", por lo cual se considera que el estado español "ha vuelto a cruzar una línea roja en cualquier democracia en la Europa del siglo XXI" porque encarcelarlos "por manifestarse pacíficamente y dar voz al pueblo pone en grave riesgo los valores propios de toda sociedad democrática". Además, el texto también recoge que la concesión de la medalla al mérito policial a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela unos días antes de que se hiciera cargo de la investigación por sedición contra Sànchez y Cuixart "añade una serie de dudas sobre la neutralidad del estamento judicial en la lucha contra el proceso, que hasta ahora se ha plasmado sobre todo en la coordinación casi milimétrica entre la fiscalía y el gobierno español". El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé (PDeCAT), ha asegurado que los líderes de la ANC y Òmnium "son claras víctimas políticas de una situación que algunos sólo pretenden resolver por la vía policial y judicial, y a través del discurso del miedo" y ha insistido en que su encarcelamiento es una muestra de la "falta de separación de poderes que se evidencia a cada momento en todas las acciones que vienen sucediendo". La portavoz del grupo de CiU, Rosa Pujol, lo ha calificado de "escándalo" y ha afirmado que la resolución de la juez de la Audiencia Nacional está "falta de todo fundamento jurídico y procesal! y demuestra que "el poder judicial no es independiente". Incluso se ha dirigido irónicamente a una de las vicepresidentas y alcaldesa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, para sugerirle que podría pedir de recuperar el proyecto de la prisión que se había previsto construir en la capital de l'Urgell porque "faltarán prisiones para encerrarnos a todos los que nos manifestamos pacíficamente". El portavoz de ERC, Jaume Gilabert, ha remarcado que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart están en la prisión por un delito "inventado" que demuestra que en el estado español "no hay separación de poderes" y ha leído una serie de tuits de Amnistía Internacional donde la organización critica el procedimiento contra ellos y pide que se les libere. El diputado de la CUP, Joel Jové, también ha insistido en que su encarcelamiento "se escapa a toda lógica jurídica" y es propio de "el autoritarismo, la dictadura y el franquismo" Por su parte, el portavoz del PSC en la Diputación de Lleida, Enric Colom, ha defendido que Sànchez y Cuixart han "traspasado los límites" de la libertad de expresión y ha reiterado que en un estado democrático no se puede cuestionar la separación de poderes ni la independencia de los jueces. El mismo argumento ha esgrimido la diputada de Ciutadans, Ángeles Ribes, que ha acusado a los grupos impulsores de la moción a favor de la liberación de Sánchez y Cuixart de querer politizar la justicia y de mentir porque "no se acusa a nadie por expresar sus opiniones sino por haber impedido la actuación de las autoridades judiciales y de la policía". Colom también ha puesto de manifiesto el apoyo que los grandes países europeos han expresado a la actuación del Gobierno español. En el turno de réplica, el republicano Jaume Gilabert se ha dirigido directamente al portavoz del PSC, a quien ha reprochado su posición y le ha pedido si estaría de acuerdo en que se ilegalizara su partido -Esquerra Republicana- sólo por defender la independencia. El pleno ha acabado con un ruego del PSC en que el grupo pide al presidente Carles Puigdemont que abandone la vía de la declaración unilateral de independencia y, si es así, que Mariano Rajoy evite aplicar el artículo 155 y abra la vía del diálogo para reformar la Constitución. También exigen que se acabe con la "campaña contra alcaldes y concejales del PSC, especialmente el alcalde de Lleida, Àngel Ros, por haberse opuesto legítimamente a colaborar con el Referéndum", recuperar la actividad parlamentaria en la cámara catalana, apostar por el diálogo y "recuperar la cordura" para resolver la situación política actual.