La CUP afirma que en el pasado mandato el gobierno de Ballesteros "nos quiso vender al conjunto de la población tarraconense que el PP10 era la clave de bóveda que necesitaba la ciudad, junto con sus "Juegos del Hambre"". En su inicio, el proyecto socialista planteaba la creación de un barrio "smart" que debía ir ligado al legado de los Juegos. La portavoz del Grupo Municipal Laia Estrada explica que "la realidad ha sido que el mandato de Ballesteros nos ha dejado macroproyectos personales que no tienen nada que ver con las necesidades reales de la ciudad". La llegada de Ikea fue un fracaso, pero continúa el proceso de urbanización del PP10 que se materializará en el pleno de mañana, aprobando la licitación de las obras de un plan con el que las anticapitalistas siempre se han mostrado contrarias.
A pesar de que el gobierno de Ricomà apunta que el plan está tan avanzado que no puede detener, la consejera Eva Miguel explica que "cuando hemos preguntado cuánto costaría detener el PP10 siempre nos han dicho que el coste sería alto, pero nunca nos han dado ninguna cifra y que esta valoración la tenía que hacer un técnico especialista en la materia". Además, las cupaires consideran que seguir adelante o no el PP10 era un tema suficientemente trascendente como para que fuera la ciudadanía quien decidiera qué quería hacer con él.
La CUP siempre ha defendido una enmienda a la totalidad del POUM para trabajar en un modelo urbanístico que realmente cohesione la ciudad, es por eso que las cupaires consideran que este proyecto no es una prioridad para Tarragona, ya que "antes de hacer obra nueva necesitamos cuidar el estado de los edificios ya existentes y frenar su grado de degradación", ha expuesto la consejera Estrada.
Por todo ello, la CUP se opone al PP10 e insta al gobierno de Ricomà a centrarse en la rehabilitación de viviendas, la modificación del POUM y la cohesión y dignificación de Ponent pacificando los puentes del Francolí, convirtiendo finalmente la T-11 y la N-340 en vías urbanas y dando solución a la situación de la escuela de Ponent, que aún está en barracones.
En caso de que este plan finalmente salga adelante, la CUP de Tarragona exige que el total del techo edificable de titularidad municipal se destine íntegramente al alquiler social y no sólo "un porcentaje significativo", según las previsiones del SMHAUSA.