A raíz del accidente que tuvo lugar en la empresa Miasa la pasada madrugada del sábado en el polígono Entrevies, y que causó miedo y desconcierto entre la población tarraconense, especialmente los vecinos y vecinas de los barrios de poniente, la CUP reclama que el cambio de gobierno se traduzca en una enmienda a la totalidad en la gestión comunicativa y preventiva con respecto al Plan de Emergencias Químicas, así como en la fiscalización de las empresas de riesgo de la ciudad.
El alarmante episodio del fin de semana, según la formación anticapitalista, dejó patente la falta de formación del conjunto de la población tarraconense, así como las deficiencias comunicativas y de coordinación con la sociedad civil. La consejera Laia Estrada recuerda que cuando se aprobó el DUPROCIM, el mandato anterior, la CUP alertó de que "la población no tiene claro cómo actuar en caso de accidente químico o en caso de que se activen las alarmas, pero desde entonces no se ha hecho nada para hacer frente".
Estrada asegura que "es evidente que la opacidad imperante se debe a las reticencias por parte de las administraciones públicas y de la industria a adoptar una política transparente y aceptar que vivimos en un municipio de riesgo". La consecuencia directa, añade la consejera Eva Miguel es "la descoordinación entre las administraciones, tal como ocurrió en el funesto accidente de la Pobla de Mafumet, y entre la administración y la población".
Es por ello que, aprovechando la Junta de Portavoces convocada a primera hora, la CUP ha trasladado algunas propuestas al gobierno. Para la CUP, es fundamental garantizar la formación de los tarraconenses y tarraconenses mediante reuniones anuales con las entidades, recordatorios en los equipamientos públicos así como en los medios de comunicación públicos, y proporcionar información directa con los nuevos empadronamientos. También consideran que es necesario mejorar los canales de comunicación en caso de accidente, haciéndola llegar directamente a las personas vía mensaje al móvil.
Además, las concejalas de la CUP destacan que no sólo es necesario mejorar en todo lo que conlleva la actuación en caso de incidente, sino que es necesario desarrollar políticas valientes para prevenir y evitar que se produzca ningún accidente. En este sentido, afirman que es necesario garantizar que las empresas no escatimen en inversión para mantener sus instalaciones en las mejores condiciones posibles. En el mismo sentido, han trasladado a Ricomà que es "un deber del ayuntamiento fiscalizar el cumplimiento de las normativas en materia de seguridad industrial de las empresas de riesgo".
Por último, la CUP recuerda al gobierno de ERC-ECP que "un cambio hacia una política transparente pasa inequívocamente por llevar a cabo el estudio independiente de la calidad del aire", a poder ser, afirman, antes de que finalice el 2019. En esta línea felicitan la campaña "ponte la máscara" que se está promoviendo en las redes sociales por parte de algunos vecinos y vecinas de la ciudad, pues consideran que el primer paso para acabar con la opacidad que rodea todo lo que tiene que ver con la industria química es la concienciación ciudadana.