La Candidatura de Unidad Popular continúa haciendo propuestas para afrontar en clave social la crisis sanitaria actual. Otra de las medidas que las anticapitalistas han puesto sobre la mesa es que la empresa mixta EMATSA se haga cargo de las facturas del agua correspondientes al período de confinamiento de la población tarraconense que haya dejado de percibir ingresos como consecuencia de la crisis por el coronavirus, "ya sea porque son autónomos, porque han sufrido un ERTE o porque han tenido que cerrar sus negocios, aparte de la población más vulnerable y ya usuaria de los servicios sociales", ha explicado la consejera Laia Estrada. La CUP argumenta que, aunque se trate de una empresa mixta, "es un servicio público y, por tanto, debe velar por el interés general del conjunto de la población".
Las *cupaires* proponen esta fórmula ya que, viendo las medidas manifestadas por el ejecutivo español ayer, el coste social y económico de esta crisis sanitaria la pagarán las clases populares y, por tanto, la CUP considera necesario que los municipios, dentro de sus posibilidades, "hagan todo lo que sea posible para paliar al máximo la situación en la que nos encontramos".
La CUP se muestra muy crítica con el discurso de Pedro Sánchez, que ve lleno de insuficiencias. "No concretó qué familias serán beneficiarias de las ayudas propuestas; no hizo ninguna referencia a los alquileres; no prohibió despedir a la gente, ni ir a trabajar; y tampoco ha confinado nada", ha manifestado la consejera Eva Miguel. Las anticapitalistas ponen de manifiesto que otros países con políticas más de derechas "están implementando medidas más sociales que las del gobierno del PSOE y PODEMOS".
Es por todo ello, y dado que han suspendido el Consejo Plenario del viernes, que las *cupaires* emplazan al gobierno local a hacer partícipes a todos los grupos municipales para hacer frente común ante la crisis sanitaria actual. La CUP ha propuesto realizar una nueva reunión el próximo lunes, vía telemática entre todos los portavoces, con el fin de poder debatir la medida propuesta sobre EMATSA, y otras que habían trasladado; y, sobre todo, estar al tanto de la implementación local de las medidas aprobadas por el ejecutivo de Sánchez y el gobierno de la Generalitat, así como las que salgan del propio consistorio.
