Los últimos presupuestos del gobierno de Ballesteros ya preveían una partida de inversiones para 2019 destinada a "adquisición de vivienda social". Ésta ascendía a 2.805.016,66 euros y, como muchos otros proyectos, no se ha llegado a ejecutar. Por este motivo, la CUP de Tarragona reclama a Ricomà, en el marco de las negociaciones de los presupuestos para 2020, que recupere esta partida.
En el último consejo de administración de SMHAUSA, el pasado jueves 28 de noviembre, se evidenció que el gobierno de ERC y ECP se hacían suyo el proyecto del anterior gobierno, el cual se centraba en la construcción de obra nueva en dos fincas propiedad del Ayuntamiento. La CUP acabó votando favorablemente con la condición de que se garantizara que, a diferencia de lo que ha acabado aconteciendo la promoción del antiguo cuartel de la guardia civil en López Peláez, las viviendas se destinaran a alquiler social o, si esto no es posible, con un precio de alquiler justo que contribuya a revertir la burbuja existente.
Sin embargo, la formación anticapitalista siempre ha apostado por la rehabilitación de viviendas vacías, en vez de hacer obra nueva. El motivo no es otro que revertir la degradación que conlleva que en diferentes zonas de la ciudad se acumulen pisos permanentemente desocupados.
Es por eso que emplazan al equipo de Ricomà a "como mínimo, destinar una partida de 1M€ en concepto de ayudas a la rehabilitación para aquellos inmuebles que posteriormente se destinen a alquiler social".
La partida, además, representaría la medida que está pendiente de ser impulsada por parte del Ayuntamiento de Tarragona para que éste pueda tramitar expedientes sancionadores por infracciones de la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda, por el hecho de "Mantener la desocupación de una vivienda, después de que la administración haya adoptado las medidas establecidas por los apartados 1 a 5 del artículo 42 de la LDH.", tal como advertía un informe de la Secretaría General solicitado por las *cupaires*.
