El combate entre PSC y la CUP en Tarragona lleva abierto desde 2013. En aquel año, los miembros de la CUP observaron irregularidades por parte del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) en la contratación de servicios de ayuda e integración a los inmigrantes a la empresa Iniciativas y Programas SL (Inipro) y lo llevaron a Fiscalía. Caso que ha desencadenado en un juicio previsto para principios de 2024.
En aquella ocasión, las facturas fueron aprobadas a través de la fórmula de reconocimiento extrajudicial de crédito. Este procedimiento se emplea principalmente para justificar elementos sobrevenidos, que no se encuentran contemplados en el presupuesto o prórrogas que no han sido el trámite habitual de contratación. Una situación en la que también se ha encontrado la CUP en este mandato.
Las dos concejalas han utilizado este procedimiento para aprobar facturas que, sumadas todas juntas, ascienden hasta el millón de euros. En junio de 2022, la factura con reconocimiento extrajudicial del IMMS, firmada por su presidenta Inés Solé (CUP), fue por el valor de 235.337,81€. Por otro lado, en diciembre del mismo año Eva Miguel, concejala responsable del área de medio ambiente, al aprobar por el valor de más de 700.000 euros. Aunque este proceso de contratación fue uno de los motivos de la CUP para llevar el tema a fiscalía, el PSC informa que no tienen intenciones de seguir los mismos pasos.
Anteriormente y en este mismo mandato, ambos partidos ya se habían visto en un duelo de acusaciones por temas de contratación. La portavoz del PSC acusó a la CUP de favorecer a "cooperativas afines", que según los socialistas contaban con militantes de la CUP. El PSC llevó incluso la adjudicación de una cuarentena de contratos al Comité de Ética. Una serie de afirmaciones que negaron rotundamente las dirigentes de la CUP.
