Las consejeras de la CUP presentarán en el próximo Consejo Plenario ordinario de noviembre una moción para poner el Ayuntamiento al servicio de las víctimas de la brutalidad y abusos policiales vividos en la ciudad en el marco de las protestas como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo, justo ese día hará un mes. "Habrá pasado un mes y no se habrá hecho nada, más allá de enviar una carta sin ningún tipo de trascendencia al subdelegado del gobierno español", ha expresado la consejera Laia Estrada.
La consejera Eva Miguel ha relatado todos los casos de cargas y persecuciones indiscriminadas, disparos de balas de foam y de goma, el caso del furgón de los mossos d'esquadra que emitía consignas "sociópatas" por la megafonía, atropellos, identificaciones en centros hospitalarios, detenciones arbitrarias y "secuestros". "Tarragona no había vivido tanta violencia policial desde el uno de octubre", ha afirmado Miguel.
La formación cupaire considera que la ciudad no puede esperar a que el gobierno municipal cree una Oficina de Derechos Civiles ya que "es necesaria celeridad" para asistir a las personas que han visto vulnerados sus derechos fundamentales. Es por ello que las anticapitalistas propondrán al próximo Consejo Plenario activar otros mecanismos que agilizarían este tipo de trámites y que ayudarían a que la población no se sintiera desamparada, consiguiendo, así, que el Ayuntamiento "ponga al servicio de su población todos los recursos necesarios para que ésta tenga un asesoramiento y acompañamiento jurídico y psicosocial gratuito ante la brutalidad y abusos policiales vividos las últimas semanas", creando un convenio de colaboración con diferentes asociaciones, colectivos y personas dedicadas al ámbito de la atención y denuncia en situaciones de violencia institucional.
Finalmente, dado que las personaciones populares son competencia de la Alcaldía, las cupaires proponen acordar y fijar una serie de criterios para llevar a cabo acciones judiciales y de personación por parte del consistorio "que irían desde la brutalidad policial contra la población hasta casos de corrupción", ha explicado la consejera Estrada. Éste sería el punto de partida para poder acordar que el Ayuntamiento de Tarragona se persone como acusación popular para defender la preservación de los derechos fundamentales en los casos de brutalidad y abusos policiales sufridos en el marco de las protestas como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Las cupaires consideran que la personación popular es lo mínimo que debe hacer el Ayuntamiento tarraconense.
