El grupo municipal de la CUP de Reus insiste en garantizar y mejorar las políticas de vivienda en la ciudad. Dados los cambios sustanciales que presenta el nuevo Decreto Ley de vivienda, aprobado por la Generalitat el pasado 5 de febrero, y el amplio apoyo social con el que este cuenta, los miembros de la CUP quieren asegurar su aplicación en la ciudad de Reus. Según Edgar Fernàndez, concejal de la CUP en Reus, "la existencia de una norma que blinda derechos no es garantía de cumplirse, muchos ayuntamientos se escudan en la falta de recursos obviando que las consecuencias recaen sobre la vida de personas con nombre y apellido".
Algunas de las propuestas del grupo de la CUP son que el Ayuntamiento de Reus informe a la ciudadanía sobre sus derechos en materia de acceso a la vivienda; desarrolle un plan de formación al personal del ayuntamiento pertinente o elabore un censo municipal de viviendas vacías y ocupadas. Asimismo, la CUP pedirá que se cumpla la función social de la propiedad de las viviendas, así como que se aplique la ordenación territorial y urbanística a los usos de las edificaciones. Finalmente pedirán que se adopten las medidas de ejecución forzosa y expropiación de acuerdo con lo que establece el nuevo decreto de vivienda.
Fernàndez ve con buenos ojos el nuevo decreto de vivienda y cree que, aunque puede haber aspectos mejorables, "comporta un importante avance en la lucha por la vivienda si se destinan recursos para aplicarse". Cabe aclarar que el Decreto 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda se trata de una propuesta legislativa impensable si no fuera por el Grupo promotor de la ILP Vivienda, por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, y por el movimiento por la vivienda en su conjunto.