La CUP ha denunciado esta mañana en rueda de prensa que "el Ayuntamiento de Tarragona tiene capacidad de sancionar a entidades bancarias o grandes tenedores por tener pisos vacíos y no lo hace". La formación anticapitalista se basa en el informe de Secretaría que requirió el mes pasado el cual detalla las posibilidades que habría para incoar sanciones, es por eso que los *cupaires* exigen que "se inicien inmediatamente los expedientes sancionadores a las entidades que no han presentado los datos requeridos por el Ayuntamiento" así como que "se dé cumplimiento al Plan Local de Vivienda impulsando políticas de rehabilitación de viviendas".
Tal y como asegura el informe, el Ayuntamiento tiene competencia para tramitar expedientes sancionadores por incumplimiento de la Ley del Derecho a la Vivienda cuando haya viviendas desocupadas permanente e injustificadamente. Una de las infracciones que el consistorio puede sancionar es la negativa por parte de la propiedad de suministrar datos a la Administración, y en el informe constan siete entidades bancarias que en 2016 no presentaron los datos requeridos. La CUP exige que "se sancionen estas entidades antes de que prescriba la infracción", que es a los 3 años.
También se pueden incoar sanciones cuando se mantiene la desocupación de una vivienda después de que la Administración haya adoptado una serie de medidas. Según el informe, la única que no cumple es la de impulsar políticas de fomento de la rehabilitación de viviendas, que es una medida que ya recogía el Plan Local de Vivienda y que la CUP había reclamado reiteradamente proponiendo que se creara una ordenanza municipal que estableciera un programa de mediación y ayudas a la rehabilitación. Los independentistas opinan que "si se hubieran estado haciendo bien las cosas, a estas alturas podríamos haber movilizado el parque de pisos vacíos y haber ingresado cantidades importantes con las sanciones".
La CUP pone como ejemplo el caso de Reus, que ingresó 418.000 euros hasta el año pasado con multas coercitivas a las entidades financieras. La formación ha requerido reiteradamente al equipo de gobierno que el Ayuntamiento de Tarragona aplicara la misma medida y ha preguntado las razones por las cuales no se estaba haciendo, recibiendo "respuestas totalmente insatisfactorias", afirman, "hasta el punto de que, en el último plenario, el consejero Milà dio a entender que no había posibilidad para multar los pisos vacíos por parte del consistorio" hecho que motivó que requirieran el informe del Secretario en el cual se detallan todas las posibilidades legales que existen en este sentido. La CUP siempre ha priorizado la creación de un parque público de alquiler social en Tarragona, "pero como no tenemos pisos propios", apuntan, "es necesario que movilicemos el parque de pisos vacíos de bancos y grandes tenedores para garantizar el derecho a una vivienda digna de los tarraconenses".
Finalmente, el portavoz del grupo municipal, ha explicado que estas sanciones podrían ser desde 3.000 euros (las leves), hasta 900.000 euros (las muy graves). Estrada también ha anunciado que esta demanda la presentarán al próximo pleno del consistorio, en forma de moción.