Ante la decisión del gobierno de incluir en el orden del día del próximo Consejo Plenario una propuesta de alcaldía que pretende declarar incompatible la sentencia del Caso Bershka de Laia Estrada con su cargo de consejera, la CUP denuncia que detrás de esta decisión hay una interpretación absolutamente sesgada de la ley que sólo responde a intereses políticos. El grupo político denuncia que estamos ante una "persecución política de primer orden con instrumentos de presión por parte del PSC y el PP".
Desde la CUP se recrimina que los partidos políticos promotores de la iniciativa sólo pretenden "quitarse de encima a una concejala del plenario por sus discrepancias políticas". La CUP considera que se trata de un hecho extremadamente grave que sólo responde a la venganza del alcalde y su equipo contra la portavoz de la formación que le ha sentado ante los tribunales por el Caso Inipro, que ha cuestionado los "proyectos estrella" del gobierno como los Juegos del Mediterráneo de 2017 (ahora 2018) o el plan urbanístico de la Budellera y ha denunciado reiteradamente la opacidad de las empresas municipales y del conjunto del Ayuntamiento así como el nefasto funcionamiento interno, entre otros.
Para la CUP, la actitud del alcalde demuestra que en el Ayuntamiento hay instalado un gobierno caciquista, déspota y autoritario.
