La CUP de Tarragona ha denunciado esta mañana en rueda de prensa "la ocultación deliberada de información" con respecto al contrato de limpieza y recogida de residuos de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). La formación no tuvo acceso a una auditoría de servicio hasta el día siguiente de la modificación de la adenda, a pesar de que el informe había sido realizado hace un año y la candidatura lo había solicitado reiteradamente.
Según ha explicado la CUP, la auditoría señala "dos tipos de carencias". En cuanto a la prestación del servicio, demuestra que algunos de los servicios no se ejecutan sistemáticamente, no coinciden los datos de recogida de fracción orgánica con la entrada en la planta de Botarell en un 26%, en alguna ocasión se detecta que los residuos voluminosos se introducen en el contenedor de rechazo y se constatan deficiencias de diferentes tipos en un 9% de las islas de contenedores.
Respecto al seguimiento y la inspección del servicio, la auditoría constata que el 4% de los vehículos no cuenta con GPS (cuando es obligatorio), el 13% de los servicios no se registran en el sistema informático y en las hojas diarias no se explica por qué se hacen determinados cambios o sustituciones del servicio.
Para la CUP lo más grave tiene que ver con las recomendaciones que la auditoría pone de manifiesto, como son dar planificación de los servicios de tal manera que sea posible comparar las rutas realizadas con las planificadas, crear alarmas que avisen de los servicios no realizados y de los contenedores no vaciados, incorporar GPS en todos los vehículos, registrar la historia de la prestación del servicio durante los 12 meses anteriores en lugar de 60 días y que haya más rigor en las hojas diarias de servicios, en las que se debería incluir la justificación de los cambios que se realizaran. FCC se comprometió a incorporar todas estas recomendaciones, según se explica en el acta de una reunión mantenida a tres bandas (FCC, Ayuntamiento y empresa auditora) en septiembre de 2018.
Ahora bien, a pesar de que en un inicio la responsable técnica del seguimiento del contrato incorporó estos acuerdos en la propuesta de modificación de la adenda, la empresa los rechazó de forma que la propuesta final que fue a consejo plenario (y fue aprobada con los votos a favor de PSC, PP, C's, UpA y la concejala no adscrita, las abstenciones de PDeCAT y ERC y los votos negativos de CUP e ICV) no incluía los puntos referentes a la fiscalización del servicio.
La conclusión que saca la CUP es que "se ha convocado un pleno extraordinario y urgente escondiendo a los grupos de la oposición una auditoría que evidenciaba que la propuesta final de modificación de la adenda era claramente insuficiente para la correcta prestación del servicio". La formación afirma que "no hay voluntad de garantizar un seguimiento de la prestación del contrato de la limpieza dado el sometimiento absoluto de Ballesteros y su equipo a la gran concesionaria". Los independentistas insisten en que "sólo internalizando el servicio y garantizando una gestión directa se podrá hacer frente al grave problema de suciedad que sufre la ciudad de punta a punta y al despilfarro de recursos públicos que suponen los 20 millones anuales del servicio externalizado".