La CUP de Tarragona quiere acabar con "los privilegios de la Iglesia". Así lo han explicado en una rueda de prensa esta mañana la concejala en el Ayuntamiento Laia Estrada y el ex-concejal y miembro de la asamblea local Jordi Martí. "Desde el profundo respeto hacia las creencias religiosas de todo el mundo, denunciamos los privilegios de la institución eclesiástica y apostamos por erradicarlos", ha afirmado Estrada. Los anticapitalistas han hecho una serie de propuestas encaminadas, por un lado, a garantizar la laicidad del Ayuntamiento de Tarragona y, por otro lado, a acabar con las exenciones de IBI de las que se beneficia la institución religiosa. En este último sentido, proponen realizar una consulta ciudadana con el fin de decidir si se debe respetar el acuerdo que el Estado español tiene con el Vaticano para no cobrar a la Iglesia católica este impuesto.
Respecto a la cuestión de salvaguardar la laicidad de la institución municipal, la CUP considera que "la Iglesia no debe participar de los actos institucionales". Así lo ha afirmado Martí, poniendo como ejemplo las ocasiones en las que el arzobispo u otros cargos de la Iglesia católica son invitados como autoridades en espacios como el Salón de Plenos o el balcón del Ayuntamiento. El cupaire ha recordado, también, que la posición de la formación independentista ha sido que los cargos electos tampoco disfruten de estas posiciones privilegiadas en actos como por ejemplo las jornadas castelleras, aunque remarcando que "el hecho de que se invite al arzobispo es totalmente anacrónico". Del mismo modo, la CUP defiende que los cargos institucionales no deben participar de los actos religiosos como representados electos. "Cada uno es libre de participar tanto de las procesiones de Fiesta Mayor o Semana Santa o de asistir a los actos religiosos si así lo desea, pero en el caso de los cargos electos deben hacerlo si ocupan un lugar destacado", ha sentenciado Martí.
La CUP cree que el hecho de no garantizar una separación real entre asuntos públicos y asuntos privados como la religión crea una "connivencia entre el poder eclesiástico y la institución municipal", que, tal y como ha asegurado Martí, se traduce en "mirar hacia otro lado ante declaraciones machistas y misóginas, homófobas, o que encubren los abusos sexuales, como ha ocurrido con las recientes declaraciones del arzobispo Jaume Pujol". La formación anticapitalista considera que "desde el Ayuntamiento hay que responder con contundencia ante este tipo de mensajes y exigir a la Iglesia que ponga todos los medios a su alcance para depurar responsabilidades respecto a los abusos sexuales". Martí también ha reiterado que la CUP reclama la dimisión de Jaume Pujol porque "no debería plegar de su cargo porque simplemente porque se jubila, sino que debería dimitir a causa de sus declaraciones machistas y homófobas y encubridoras de los abusos sexuales a menores".
Por su parte, la portavoz de la CUP de Tarragona Laia Estrada ha explicado las apuestas de la formación para acabar con las exenciones de IBI de las que disfruta la Iglesia católica gracias al acuerdo del 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede. Estrada ha hecho público que el Ayuntamiento cuenta con un informe sobre los bienes inmuebles exentos de pago de IBI en Tarragona, de los cuales 130 pertenecen a la Iglesia católica y significan 803.000 € que la institución no puede recaudar. Estrada ha alertado de que "seguramente, no todos estos espacios están dedicados al culto, que es la exención que contempla el acuerdo, sino que se ha hecho una aplicación extensiva". Es por ello que, en primer lugar, los anticapitalistas piden que "hay que realizar una inspección de los bienes inmuebles que actualmente poseen en la ciudad, la Iglesia Católica y el resto de confesiones religiosas, legalmente reconocidas, con el fin de comprobar que los usos actuales de estos bienes, siguen siendo objeto de la exención". En segundo lugar, la CUP considera que se debe revisar la idoneidad de este acuerdo y, en tanto que son una formación independentista y consideran que no deben instar al Estado español a hacerlo, proponen una consulta ciudadana a través de la cual "la población tarraconense pueda decidir si los lugares de culto deben seguir exentos de pagar IBI y, por lo tanto, si su Ayuntamiento debe obedecer o no el acuerdo con el Vaticano".
