La CUP acusa al gobierno de Reus de negar el acceso a la sanidad a 6.000 personas

La presidenta de los consejos de administración del Grupo Salut, Noemí Llauradó, ha censurado sin previo aviso, una propuesta de debate de la CUP en estos espacios de decisión, con el fin de dar respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo que suspende la ley catalana de acceso universal a la sanidad pública, tal y como afirma el grupo municipal. La CUP había presentado una propuesta de debate en el orden del día de los consejos de administración de GECOHSA, CMQ y Hospital Universitario Sant Joan de Reus, que se celebra esta mañana, con el fin de evitar que todas las usuarias de la sanidad pública de este territorio de referencia que quedan excluidas del acceso al sistema sanitario por el Decreto Ley 16/2012, se quedaran sin cobertura sanitaria. Esta propuesta cumplía todos los requisitos legales, ya que como prestador de servicios sanitarios públicos, los hospitales de Móra d'Ebre, Reus y el CMQ, pueden atender a cualquier ciudadano que lo necesite. La portavoz de la CUP en el Ayuntamiento de Reus y consejera de estas empresas, Marta Llorens, ha recalcado que "siempre denunciamos el modelo de sistema sanitario catalán, ya que genera un sistema clasista y ha sido un nicho de corrupción, pero una de las pocas cosas buenas que tiene que es la autonomía de gestión, no se utiliza para poder hacer frente a la imposición del decreto racista de Madrid". Cabe recordar, que la aplicación del Decreto Ley 16/2012, y la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que suspende la ley catalana y valenciana de acceso universal a la sanidad, provocará que a partir de ahora más de 180.000 usuarias de la sanidad pública no puedan acceder al sistema sanitario público. Desde la CUP, afirman que la sentencia es especialmente grave, ya que como afirma Marta Llorens "si bien una vez más vemos como el Estado español no es solo un obstáculo para las aspiraciones de los catalanes y catalanas para construir una República, una vez más es un obstáculo para garantizar que todos los catalanes y catalanas (y el resto de ciudadanos y ciudadanas del Estado) puedan acceder a los servicios públicos y tengan garantizado unos mínimos derechos ganados en las luchas sociales en las décadas precedentes". La exclusión de miles de personas del sistema sanitario público, no solo atenta contra el código deontológico de las profesionales de la sanidad, sino que es un importante riesgo para la salud pública, ya que la mayoría de estas personas no tienen recursos económicos suficientes para acceder a la sanidad privada, tal y como afirma el grupo municipal. Más allá de la trascendencia de esta problemática, la concejala Marta Llorens, también ha querido denunciar "que la presidenta del Grupo Salut haya censurado y privado de debatir esta propuesta sin decirnos nada al respecto, y transformando nuestra propuesta de debate en una simple dación de cuenta para dar a conocer la sentencia del Tribunal Constitucional, como si no fuéramos todos y todas conocedoras". Por este motivo, Llorens ha asegurado que en los tres consejos de administración del Grupo Salut que se celebran hoy, intentaremos que el debate se pueda realizar, teniendo en cuenta que la ley catalana de acceso universal al sistema sanitario público fue aprobado por los grupos parlamentarios que constituyen la mayoría del consejo de administración de las tres empresas del grupo salut (CiU, ERC, PSC y CUP). Y, por último, ha lamentado que la presidencia de las empresas, bloquee cualquier iniciativa de los consejeros y consejeras, ya que esto vulnera los derechos de estas.