La Crida lleva a la Paeria ante la Comisión de Control de Consultas Populares del Parlamento

La Crida per Lleida – CUP ha denunciado hoy en la comisión de control de consultas populares no referendarias del Parlamento de Cataluña que la Paeria se ha negado a llevar a cabo una consulta ciudadana para decidir el modelo de gestión – pública o privada – del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria a pesar de estar solicitada en tiempo y forma. La formación solicitó en noviembre de 2017 llevar a cabo esta consulta, atendiendo a que este marzo de 2018 vencía el contrato de concesión – con prórroga – que firmó la Paeria con la unión de empresas ILNET en 2005. Consideran que "era una oportunidad de oro para llevar a cabo una consulta popular", amparada con la ley 10/2014. El pasado 17 de abril el equipo de gobierno denegó la petición de consulta popular, hecho que según la Crida "demuestra, una vez más, la falta de voluntad del PSC a una participación ciudadana efectiva y pone de manifiesto que su prioridad es continuar la privatización de los servicios públicos sin ninguna voluntad de recuperar el control democrático". Es por eso que los proponentes de la consulta han presentado un recurso ante la comisión de control de consultas populares no referendarias del Parlamento de Cataluña, que es el órgano que debe decidir de manera vinculante si la petición se ajusta a la ley 10/2014, del 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana y, por lo tanto, si es necesario llevarla a cabo. La formación presentó en mayo del año pasado la campaña «Servicio público o negocio privado», reiterando su apuesta por la gestión pública y directa de los servicios municipales, con el fin de abrir el debate sobre la remunicipalización de los servicios privatizados y alcanzar un acuerdo social, político y sindical amplio en este sentido. La candidatura anticapitalista destaca que la apuesta por el control público es una cuestión de "derechos sociales", una mejora de las condiciones laborales de la actual plantilla y una distribución "a favor de la ciudad" de los beneficios "que hoy son privados".