Según Juvillà, cuando pidieron los permisos de inspección que se llevaron a cabo durante dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, el ayuntamiento dijo que sólo constaban veintisiete inspecciones, en una población de ciento cuarenta mil personas; de las cuales siete fueron desfavorables y de ellas, ninguna ha tenido sanción.
Pau Juvillà: "No se entiende cómo se puede hacer una analítica y no imponer sanciones. Hay casos tan graves como empresas que están vertiendo cuarenta y dos mil, mientras el límite es mil quinientos, un tres mil por ciento más. A esta empresa se le han hecho dos inspecciones más, sin que se solucionara el problema, ni se procediera a la sanción ". También se encuentran con permisos de vertido parados de hace 2 años que es justo cuando la crida-cup comenzó a pedir que se activaran. Por lo tanto denuncian una dejadez del ayuntamiento hacia esta cuestión y critican la opacidad en la entrega de la documentación de los 26 expedientes. El 4 de mayo de 2018 pidieron que se recurrieran y sancionaran estos expedientes, sin recibir ninguna respuesta por parte del equipo de gobierno. Así pues, piden que la ACA actúe de oficio.