La Coordinadora de Entidades de Tarragona (CET) –movimiento ciudadano y vecinal que concentra a más de un centenar de organismos- ha pedido por escrito al Ayuntamiento de Tarragona y a la Delegación del Gobierno de la Generalitat que hagan de mediadores para detener el cierre de sucursales en la ciudad. Este hecho deja sin servicio a decenas de vecinos y perjudica sobre todo a las personas mayores.
Por este motivo, la CET reclama que, si la mediación no obtiene ningún fruto, estas dos administraciones dejen de trabajar con las entidades financieras que no hacen caso de las demandas ciudadanas y las sustituyan preferiblemente por banca ética o cooperativista como medida de presión. La petición llega tras el anuncio de que cerrará una sucursal en el Valle de la Arrabassada y obligará a los vecinos a desplazarse hasta el Balcón del Mediterráneo, aunque se conservará el cajero automático.
Los datos del Banco de España señalan que, en los últimos diez años, se ha cerrado cerca del 50% de las oficinas en Cataluña y que estamos al mismo nivel que los años 70. "Pero es evidente que no vivimos en los años 70 y no pueden usar las nuevas tecnologías como excusa para dejar sin servicio a los vecinos. Parece que sea obligatorio tener internet y no es así ni todo el mundo sabe usarla", puntualiza el presidente de la CET, Àngel Juárez. Juárez cree que "si nadie dice nada ni nadie hace nada, pagaremos los de siempre" y advierte que "usaremos todas las armas que tenemos en nuestras manos". En este sentido, también anima a los particulares a "cambiar de entidad financiera si no hay un cambio de actitud. Si la gente se tiene que desplazar de su barrio para ir al banco, ya no viene de aquí elegir otra entidad que sea más sensible con sus clientes".
