El Ayuntamiento de la Canonja aprobó, con la abstención del grupo PDECAT-CiU y el voto favorable de PSC, CUP y PP, en la sesión ordinaria del plenario celebrada el día 1 de febrero las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a personas jóvenes para el pago del alquiler.
Las ayudas van destinadas a aquellas personas que tengan entre 18 y 34 años en el momento de la firma del contrato de alquiler; que hayan estado como mínimo 5 de los últimos 10 años empadronadas en la Canonja; que sean titulares de un contrato de alquiler de vivienda en la Canonja firmado entre el 1 de enero de 2018 al 30 de noviembre de 2018 (incluido), con una renta entre 200 y 600 € mensuales y con una duración mínima de un año; que no dispongan de un piso en propiedad y que los ingresos de la unidad de convivencia no superen el resultado de multiplicar por cuatro el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC). La cuantía de la ayuda podrá variar en función de los ingresos y las circunstancias personales de los beneficiarios.
También, en este pleno, todos los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento presentaron y aprobaron, conjuntamente, una moción para instar a la Generalitat de Catalunya a hacer frente a la situación de emergencia social.
Después de que en la última legislatura el Parlamento de Cataluña ha aprobado un conjunto de nuevas leyes para intentar hacer frente a la situación de emergencia social y dotarse de herramientas válidas para mejorar la vida de los catalanes y catalanas, en especial los más desfavorecidos y una parte de estas leyes han sido suspendidas o anuladas por el Tribunal Constitucional, la moción pone de manifiesto "la necesidad urgente de que las instituciones catalanas pongan manos a la obra para empezar a desarrollar y hacer efectivas leyes y reglamentos, empezando por las suspendidas por el Tribunal Constitucional, con el fin de potenciar y materializar políticas públicas que mitiguen los estragos sociales que está produciendo la crisis económica que sufrimos desde 2008", por lo que se insta al nuevo Gobierno de la Generalitat al despliegue efectivo de aquello contemplado en los artículos no anulados o suspendidos por el Tribunal Constitucional, a dotar los recursos necesarios para hacerlo y a estudiar la manera de llegar a acuerdos políticos para intentar recuperar buena parte de los derechos contenidos en los artículos suspendidos o anulados por el TC.
