La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado la petición de libertad para el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, en prisión desde el 25 de mayo por su presunta implicación en la llamada 'operación Rimet', porque entiende que existe riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva. La magistrada ha confirmado también la prisión sin fianza para Joan Besolí, socio de Rosell. En el auto dictado, la magistrada indica que existen indicios fundados de la participación de Rosell y Besolí en los hechos que se investigan y que podrían ser constitutivos de delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Sobre el arraigo alegado por Rosell, la jueza sostiene que existe riesgo de fuga porque, aunque tenga la nacionalidad española, propiedades en el país y dos hijas que viven en él, la investigación ha puesto de manifiesto la facilidad para viajar y vivir temporalmente en diferentes lugares de todo el mundo, poseyendo una gran fortuna y, lo que es más importante, cuentas, bienes y negocios fuera del estado español. La magistrada razona que estas posesiones, lógicamente, le facilitarían la salida del territorio y la subsistencia en otros países. En cuanto a Joan Besolí, Lamela valora que tiene posibilidades económicas y que, aunque se ha comprometido a adquirir la nacionalidad española, puntualiza que se trata de un mero compromiso y que no depende exclusivamente de su voluntad, ya que se necesita una tramitación que incluso puede durar más que la instrucción y el enjuiciamiento de los hechos investigados. Para la jueza, en los dos casos persiste el riesgo de que se oculten o destruyan pruebas de los delitos imputados teniendo en cuenta que la investigación aún no ha concluido. También justifica la decisión por el riesgo de reiteración delictiva, ya que los investigados operarían dentro de un grupo organizado de personas que son investigadas también por otros países, como Estados Unidos, Andorra o Suiza. Otra circunstancia que motiva a la magistrada a mantener la prisión incondicional para el expresidente del FC Barcelona es que el Senado de Brasil está estudiando iniciar investigaciones por determinados hechos entre los que se encuentran actividades de esta causa. Por todo ello, la jueza concluye que concurren todos y cada uno de los requisitos señalados en la Ley de enjuiciamiento criminal para confirmar la prisión de ambos sin que resulte vulnerado ningún derecho ni garantía constitucional.