La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado una orden de detención europea y otra de búsqueda y captura a nivel nacional e internacional e ingreso en prisión para el president Carles Puigdemont y los cuatro consejeros destituidos que están en Bélgica, Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig. La Fiscalía pidió el jueves esta medida, pero Lamela no ha dictado la orden hasta este viernes. La magistrada pide que se les detenga por rebelión, sedición, malversación, prevaricación y añade también el delito de desobediencia a la autoridad. Lamela ha rechazado la petición que habían hecho de declarar por videoconferencia desde Bélgica, país donde se encuentran. Según la resolución judicial, "no concurren ninguno de los casos para autorizar la medida". La misma juez dictó este jueves prisión incondicional para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Meritxell Borràs.
La magistrada Carmen Lamela ha cursado esta tarde dos órdenes: una de detención europea y otra de búsqueda y captura a nivel nacional e internacional e ingreso en prisión para Carles Puigdemont y los cuatro consejeros destituidos que están en Bélgica. La magistrada pide que se les detenga por los mismos delitos que el resto de consejeros que ya están encarcelados (rebelión, sedición, malversación y prevaricación) pero, además, en este caso suma el de desobediencia a la autoridad por no haberse presentado a declarar el jueves, tal como les había citado la Audiencia Nacional. La orden europea de detención se ha enviado a las autoridades judiciales belgas, concretamente a la Fiscalía Federal belga. Esta orden también se ha insertado en el programa 'Sirene' de la policía. En una segunda resolución, la magistrada tramita la orden de búsqueda y captura nacional e internacional de los cinco y envía la orden a la policía española, la Guardia Civil y la Interpol. No a la videoconferencia El president Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros habían solicitado declarar desde Bélgica a través de videoconferencia y lo hacían en base al Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los estados miembros de la UE. La magistrada, sin embargo, ha rechazado esta opción y refleja en la resolución que "no concurre ninguno de los casos para autorizar esta medida". Además, Lamela dice que ninguno de los cinco investigados ha "explicado los motivos" por los que quiere declarar por videoconferencia. "No facilitan ni un domicilio en Bélgica para poder arbitrar la videoconferencia", recoge el escrito, que argumenta también que los cinco viven en territorio español y que sólo han viajado a Bélgica "para eludir posibles responsabilidades". "Uso de la fuerza intimidatoria y violenta" En los dos autos, Lamela detalla todos los hechos que han motivado la persecución penal del Gobierno Puigdemont. Entre otros, apunta que organizaron un referéndum independentista para conseguir "la secesión de Cataluña del resto de España". Para conseguirlo, recoge que usaron "la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la sociedad, haciendo un llamamiento a la insurrección, contraviniendo y desafiando el orden constitucional y varias resoluciones del Tribunal Constitucional". Recoge también que la actuación del Gobierno fue de la mano de las entidades soberanistas (ANC y Òmnium) y repasa los pasos dados en el Parlamento de Cataluña para impulsar tanto el referéndum del 1-O como la declaración de independencia. Lamela acusa a Puigdemont de haber promovido manifestaciones y actos "abonando a la sociedad la idea de que tenían derecho a la autodeterminación, haciendo nacer en la sociedad la creencia de la legitimidad de las actuaciones contra el poder constituido para defender este inexistente e inconstitucional derecho a la autodeterminación". También le apuntan como responsable de las "concentraciones tumultuarias" del 1-O con el objetivo de "impedir a las autoridades judiciales cumplir con sus funciones", y también de los 'escraches' a la policía española. Sobre el referéndum, Lamela dice directamente que el Gobierno de Puigdemont lo planificó y que lo pagó con fondos públicos y lo cuantifica en 6,2 MEUR (la misma fianza solidaria que se recoge en la querella de la Fiscalía). Los argumentos se reproducen en las dos resoluciones, tanto la que hace referencia a Puigdemont como la que afecta a los otros cuatro exconsejeros. Actúa a petición de la Fiscalía Después de que Puigdemont, Comín, Serret, Ponsatí y Puig no se presentaran a la Audiencia Nacional el jueves, el ministerio público pidió su detención para que comparezcan lo antes posible. En su petición, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, afirmaba que "constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio, así como reiteradas llamadas telefónicas a las que se ha hecho caso omiso". Además, añadía que Puigdemont "ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, junto con Comín y Serret, efectuar la declaración por videoconferencia, sin ofrecer ningún dato sobre su localización actual". Por todo ello, pidió a la magistrada Carmen Lamela que ordenara su búsqueda, captura y detención tanto a nivel español como internacional, y que haga las gestiones oportunas con los autoridades belgas para emitir Órdenes Europeas de Detención contra los cinco miembros destituidos del Gobierno que el jueves no se personaron en Madrid. De hecho, en la resolución, Lamela apunta que los cinco exmiembros del Gobierno se encuentran en paradero desconocido. Por ello, argumenta que debe acordar la orden de búsqueda y captura y la de ingreso en prisión, comunicada y sin fianza. Bélgica tiene "la obligación" de rechazar la extradición, según un penalista belga El abogado penalista belga Denis Bosquet, uno de los más prestigiosos en Bruselas, considera que Bélgica tiene "la obligación" de rechazar la extradición del president y de los consejeros destituidos si no tiene "garantías del respeto de sus derechos fundamentales". En una entrevista a la ACN, ha añadido que los derechos fundamentales que hay que garantizar a Puigdemont es el de un juicio justo y "la ausencia de discriminación" por motivos de "lengua, cultura u opinión política". Bosquet ha asegurado que, con una orden de arresto europea, Puigdemont y los cuatro consejeros destituidos acabarían ante el juez, que tendría que decidir si los envía a España o les permite quedarse en Bélgica. Según el abogado penalista, además de apelar a un posible riesgo por sus derechos fundamentales, Puigdemont también podría justificar su defensa en base a que los crímenes de sedición o rebelión no son iguales en los dos países. Bosquet cree que, entonces, el juez podría pensar que hay una "desproporción" en la pena de prisión reclamada por Puigdemont y los consejeros. En Bélgica, recuerda, la sedición tiene una condena máxima de 6 meses de prisión, mientras que en España se pueden pedir 15 años.
