La Sección Segunda de la Audiencia de Tarragona juzgará el 3 de octubre a un matrimonio por la mutilación genital de su hija menor de edad. La fiscalía solicita una pena de diez años de prisión para la pareja, que es originaria de Gambia y residente en el Alt Camp. Los hechos se descubrieron hace casi dos años, después de que la escuela alertara que la niña tenía previsto viajar con la familia a su país de origen. Siguiendo el protocolo previsto en los casos de riesgo, el 22 de octubre de 2015 le realizaron una exploración pediátrica, pero los médicos confirmaron que ya le habían practicado la ablación. Según la fiscalía, los padres "llevaron a cabo o consentieron que otras personas practicaran sobre ella la mutilación genital", en una fecha indeterminada, entre su nacimiento -el año 2008- y aproximadamente un año antes de la exploración médica.
Según el escrito de acusación de la fiscalía, el tipo de mutilación genital practicada "produce a la menor un estado potencial de graves complicaciones psicológicas, sexuales, genitourinarias y en la función reproductora, que pueden ser de carácter inmediato o diferido".
El ministerio fiscal considera que los padres son autores de un delito de lesiones en su modalidad de mutilación genital femenina, con la agravante de parentesco, por lo que solicita diez años de prisión para cada uno, así como inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de la niña por un término de diez años. La DGAIA asumió la tutela de la menor desde que se conocieron los hechos.
La fiscalía también solicita que los procesados indemnizan a su hija con 90.000 euros por las lesiones y secuelas ocasionadas. El juicio, que se celebrará el 3 de octubre, será el primero de este tipo que se juzgará en la Audiencia de Tarragona.
Protocolo en marcha para evitar la mutilación genital En Cataluña está en marcha un protocolo para luchar contra los casos de mutilación genital femenina, que suelen producirse durante períodos de vacaciones o viajes al país de origen, y que tienen un fuerte componente cultural en países subsaharianos. Por este motivo, si se detectan menores en riesgo, Mossos, Enseñanza, Salud y servicios sociales se activan y colaboran en red para evitar que esta práctica se pueda llevar a cabo.
En aquellos casos en que se llega tarde y se descubre que las menores ya han sufrido la ablación, el asunto se envía directamente a los juzgados. El Código Penal prevé penas de entre seis y doce años de prisión por estos hechos, aunque se hayan cometido en el extranjero.
Según los datos del Departamento de Interior, durante el primer semestre de este año se atendieron a cuatro niñas en Cataluña en el ámbito de la mutilación genital femenina -una en las comarcas gerundenses, una en Ponent, una en la región metropolitana sur y otra en las Tierras del Ebro-.
