El caso del fraude en los exámenes teóricos para obtener el carnet de conducir en torno a la autoescuela Roquetes-Temple llega finalmente a juicio. El titular del juzgado número 1 de Tortosa ha ordenado la apertura de la vista oral, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Tarragona. La interlocutoria, a la que ha tenido acceso la ACN, culmina una investigación que se ha alargado durante más de cinco años y que hará sentar en el banquillo de los acusados a un total de catorce investigados. El juez les atribuye los supuestos delitos continuados de soborno, falsedad documental, blanqueo de capitales, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, grupo criminal así como doce delitos contra la Hacienda Pública. La Fiscalía, la última en presentar su escrito de acusación, reclama las penas más altas para el matrimonio que regenta el establecimiento, Pedro Moreno y Pilar Sabaté –trece años de prisión para cada uno-, como supuestos principales dirigentes y responsables de la trama.
La petición de prisión por parte del ministerio público se sitúa entre los 22 años que pidió el Abogado del Estado y los ocho de la acusación particular de la Federación de Autoescuelas de las Tierras del Ebro. Acusa al matrimonio de todos los delitos mencionados, a excepción del propio de los funcionarios públicos, atribuyendo individualmente seis contra la Hacienda Pública a cada uno. A la privación de libertad añade la petición de multas millonarias: más de 4,8 millones en el caso de Moreno y 4 en el de Sabater. Dentro del núcleo dirigente de la trama sitúa también al hijo de ambos, Pedro Moreno Sabater, por quien solicita 11 años de prisión y una multa de más de 1,3 millones por los mismos delitos a excepción del contrario a la Hacienda Pública. Según la Fiscalía, los beneficios que logró el matrimonio como propietarios de la autoescuela eran "transmitidos a miembros del núcleo familiar" para blanquearlos y les atribuye, además, haber defraudado 2,4 millones de euros a la Agencia Tributaria. Así, también están acusados de los delitos de soborno, blanqueo de capitales y grupo criminal la esposa de Pedro Moreno hijo, Elena Pérez, la madre de la propietaria, Isabel Milian, así como la hija del matrimonio, Laura Moreno. La Fiscalía pide para ellos nueve años de prisión y multas entre los 500.000 y más de 700.000 euros. A Rafael Manero, trabajador de la autoescuela y responsable de los cursos teóricos, se le acusa de soborno y grupo criminal, por los cuales le piden seis años de reclusión. El escrito de acusación vuelve a poner de manifiesto el procedimiento que el grupo habría utilizado para lucrarse de forma fraudulenta. Organizaban cursos intensivos –también en fin de semana- para conseguir superar el examen teórico de coche. Las clases iban dirigidas a la memorización de las mismas preguntas tipo test que después aparecerían en los exámenes de la DGT. Esto le suponía conseguir un elevado número de aprobados y aumentar de forma "desproporcionada" el número de alumnos, expandiendo el negocio con la apertura de nuevas sucursales en otros municipios. Muchos de los nuevos clientes provenían de otras comunidades autónomas y mayoritariamente eran chinos, que no tenían ningún conocimiento de catalán, castellano ni ningún otro idioma europeo pero, a pesar de ello, aprobaban. También se habían dado casos de personas con disminución psíquica a las que se les había denegado previamente el certificado de aptitud que acabaron obteniendo y aprobando. Exámenes comprados a funcionarios Los test originales de los exámenes de la DGT eran obtenidos, según la fiscal, a través de la editorial valenciana AEOL. Los administradores de esta empresa, Julio Aparicio Sanchís, Julio Aparicio Esteve y Juan Bautista Cebolla, los conseguían, supuestamente, sobornando a los funcionarios de la DGT de Tarragona encargados de las pruebas que se efectuaban en Tortosa y los vendían a la autoescuela por 3.000 euros cada hoja. Según el relato del ministerio público, los responsables de la autoescuela, que recibía estos contenidos en un cd, recortaban y camuflaban los contenidos para que los alumnos no se dieran cuenta. A partir de estos argumentos, la Fiscalía pide para cada uno de los tres administradores de AEOL cuatro años y medio de prisión y multa de 20 meses como acusados de presuntos delitos continuados de soborno. En el caso de los examinadores, Juan Manuel Lozano y Jorge Llorens, al delito continuado de soborno se le añade el de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. En total, la petición para ellos es también de cuatro años y medio de prisión, inhabilitación para trabajar o cargo público durante quince años, multa de 20 meses así como otra multa del doble del beneficio conseguido, que se determinará durante el juicio oral. Lozano y Llorens eran los responsables de custodiar, trasladar y seleccionar los exámenes que se hacían en Tortosa, donde también supervisaban la prueba. Los Mossos constataron que en el momento del examen, situaban de forma contigua a los aspirantes chinos que presentaba la autoescuela y respondían el mismo modelo de test, resultando prácticamente todos aprobados. Los funcionarios, incluso, habían corregido pruebas ellos mismos de forma manual y en el mismo lugar, una práctica prohibida por la DGT. Tortosa no habría sido, sin embargo, el único lugar donde habrían cobrado por alterar fraudulentamente el proceso. En relación a Llorens, en el caso se encuentra también acusado por soborno –con una solicitud de pena de cuatro años y medio y 20 meses de multa- Ramón Cervelló, propietario de una autoescuela de Tarragona, que habría pagado para que el examinador intercambiara y manipulase exámenes para hacer aprobar a sus alumnos extranjeros. Los funcionarios, según la investigación, tenían unos ingresos no justificados de 56.000 euros. Traslado masivo de chinos El centro regentado por la familia de Moreno y Sabater cobraba entre 1.000 y 1.500 euros por cada ciudadano chino que se presentaba al examen. La Fiscalía atribuye a Pascual Guillem, que regentaba una autoescuela en Gandía (La Safor) y tenía también relación con AEOL, la función de remitir semanalmente aspirantes chinos a Tortosa para que consiguieran superar las pruebas teóricas. Según la fiscal, el volumen de gente que tenían que trasladar desde Valencia llegó a ser tan elevado, que tenían que faltar autobuses. A Guillem se le acusa de un delito continuado de soborno por el cual se le piden cuatro años y medio y multa de 20 meses. Toda esta trama, según subraya el relato de la fiscal, habría permitido al matrimonio formado por Moreno y Sabater, acumular una auténtica fortuna de origen ilícito que habrían intentado blanquear. Para "obstaculizar la vinculación del origen ilícito del dinero o beneficio económico obtenido, así como aparentar una menor solvencia económica ante la Agencia Tributaria", habrían transmitido parte de estos ganancias al entorno familiar directo que también está acusado. Entre 2007 y 2012, a nombre de ambos constan numerosos cuentas bancarias, productos financieros, propiedades inmobiliarias en las Tierras de l'Ebro y Castellón –apartamentos, pisos, plazas de aparcamiento o fincas rústicas- así como una larga lista de vehículos. Según el informe pericial, Moreno tenía unos ingresos no justificados de unos 1,08 millones de euros y Sabater de 782.000 euros. Para encubrir los beneficios que el aumento exponencial de alumnos generaban se habrían puesto bienes a nombre del hijo, Pedro Moreno Sabater, que tenía 567.000 euros de ingresos no justificados; su esposa, Elena Pérez, de quien dice que conocía las actividades ilícitas y las encubría, con 211.000 euros no justificados; y, incluso, la madre de Sabater, Isabel Milian, como un "medio ideal" para ocultar el capital "obtenido de forma ilícita" y aparentar una menor solvencia de los principales encausados. A pesar de tratarse de una pensionista tenía unos rendimientos anormales con importantes aportaciones en varios productos financieros, con unos ingresos no justificados de 273.000 euros. Los ingresos no justificados de la otra hija de los propietarios, Laura Moreno, ascendían a 174.000 euros. De acuerdo con los cálculos de la Agencia Tributaria, los propietarios de la autoescuela habrían defraudado 2,4 millones de euros entre 2007 y 2012 con el blanqueo de los beneficios ilícitos procedentes de la autoescuela. Según recuerda la fiscalía, los responsables de la empresa habrían, incluso, modificado los libros de cuentas para incorporar, una vez ya en marcha la investigación tributaria, facturas confeccionadas "ad hoc" que justificaran los ingresos. Fianza de 3,21 MEUR En este contexto, el juez de Tortosa reclama también al matrimonio acusado de dirigir la trama que deposite una nueva fianza de 3,21 millones de euros en total para asegurar las responsabilidades económicas derivadas del caso. En el caso de que no la aportaran, se procedería a un nuevo embargo de bienes para cubrirla. No es la primera vez que los propietarios de las Autoescuelas Roquetes-Temple tienen que hacer frente a este tipo de garantías. Pero a pesar de que en diciembre de 2015 el juzgado de Tortosa acordó la intervención judicial de los bienes y cuentas embargados, la falta de designación de un perito adecuado y la "falta de presupuesto de la administración" ha acabado dejando sin efecto esta medida. Esto, según subrayan fuentes próximas al caso, habría permitido a los acusados continuar su actividad sin ningún control y posibilitar la comisión de nuevos delitos fiscales. Tal y como estimó la Audiencia de Tarragona en la resolución de los recursos de la defensa contra el cierre de las diligencias previas, el juez de Tortosa deja fuera del proceso a Albert Seguí, que había sido investigado como responsable de transportar a los aspirantes chinos hasta Tortosa, y a la administrativa de la autoescuela María Teresa Fosch.
