La alcaldesa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha salido al paso de las informaciones aparecidas en los últimos días en varios medios de comunicación en relación a la resolución que la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) efectuó la semana pasada. Este organismo había requerido al Ayuntamiento de Tortosa para que cumpliera la petición de información efectuada por un ciudadano, en torno a los gastos efectuados por los grupos municipales del consistorio durante cuatro anualidades, del 2015 al 2018. Ante la no respuesta a esta petición, la GAIP emitió el jueves una resolución que denuncia el incumplimiento.
Roigé ha matizado, sin embargo, que la GAIP no sanciona al Ayuntamiento de Tortosa, ya que no tiene potestad para hacerlo, y ha matizado que su resolución insta al Ayuntamiento a abrir un expediente a la persona responsable de no haber cumplido el trámite requerido. Un incumplimiento que fue detectado el jueves, justamente cuando el peticionario de la información, un periodista de un medio escrito, se puso en contacto telefónicamente con el consistorio, ya que la recepción de la comunicación telemática de la GAIP llegó posteriormente. La alcaldesa ha explicado que, una vez analizada toda la documentación existente sobre esta cuestión se observó que, por un error administrativo, se agruparon en un solo expediente dos peticiones que pedían la misma información, y que llegaron en muy pocos días de diferencia. Al resolver este expediente y haber puesto los datos a disposición del primero de los peticionarios, quedó pendiente la otra petición sin ser conscientes. En este sentido, la alcaldesa ha argumentado que "no puede haber ninguna mala fe al no hacer llegar esta información a la persona que la pedía, ya que el decreto firmado previamente permitía al otro peticionario tener el acceso a estos datos. Además, la documentación está en poder de todos los grupos municipales del Ayuntamiento desde diciembre de 2018, por lo que no había ninguna voluntad de no hacerla llegar a una persona más, cuando de hecho ya es accesible para todo el mundo desde hace más de un año", ha manifestado.
Detectado este error, el mismo jueves se hizo llegar la información a la persona que la pedía y se hizo constar a la GAIP la detección del error, así como el cumplimiento del trámite aquella misma tarde.
En cuanto al tipo de información pedida, Roigé ha remarcado que los gastos del grupo del PDeCAT fueron validados por el informe de Intervención del Ayuntamiento, por lo que quedó acreditada la legalidad. Por otra parte, ha recordado que no ocurrió lo mismo con otros grupos municipales, que tuvieron que devolver parte del dinero que les correspondía por su actividad política en el Ayuntamiento, al no haberse ajustado a la finalidad de estos recursos, o no haberlos podido justificar adecuadamente.
Meritxell Roigé ha remarcado que la resolución de la GAIP sólo se centra en el hecho de no haber facilitado la información en el tiempo y en la forma adecuados, y que no entra al fondo de la cuestión, a los gastos de los grupos municipales: "éstas ya tienen el aval de la Intervención, por lo que no hay nada fuera de lugar", ha dicho. En este sentido, Roigé ha vuelto a explicar que las facturas eran del grupo municipal del PDeCAT, que puede contratar con quien quiera, como hacen el resto de grupos" y que se hicieron a la empresa de un familiar porque, en su condición de diseñador, les suministró los servicios de diseño web, posicionamiento en redes o edición de boletines de comunicación de la actividad del grupo municipal, una de las finalidades para las que los grupos municipales reciben estos fondos.
