La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha celebrado hoy en Tarragona una concurrida fiesta en la que han participado niños, padres, profesores, inspectores, representantes de diversas fuerzas políticas de los municipios de la zona, la eurodiputada de ALDE Teresa Giménez Barbat, el diputado del PP en el Congreso Jordi Roca, y miembros de significativas entidades constitucionalistas como Impulso Ciudadano, Asociación por la Tolerancia, Plataforma Ahora, Hablamos Español, Asociación para la Mejora de la Enseñanza Secundaria (ESTIMIS) y SocietatCivil Catalana (SCC). Junto a numerosas actividades lúdicas y talleres, donde se orientó a los asistentes en materia de derechos lingüísticos y sobre cómo denunciar presiones políticas en los centros, tuvo lugar un acto central en el que participaron destacados miembros de SCC como José Domingo, Joaquim Coll, Nuria Plaza e Isabel Fernández Alonso; el inspector jubilado Jesús Rul, testigo del 9N; la historiadora y representante de AMES, Veracruz Miranda, y la presidenta de la AEB, Ana Losada. José Domingo recordó que el modelo legal en Cataluña es el de conjunción lingüística (castellano y catalán como lenguas vehiculares) y no el de inmersión lingüística obligatoria y tildó de "escandaloso y prevaricador que las autoridades educativas, de forma intencionada y deliberada, impulsen y aprueben proyectos lingüísticos que reconocen el catalán como única lengua vehicular".
Joaquim Coll, en una intervención muy aplaudida, explicó cómo "los fundamentados argumentos de los críticos de la inmersión" le hicieron pasar de defenderla a cuestionarla abiertamente.
Nuria Plaza explicó que SCC tiene ya muy avanzado un amplio informe sobre injerencia política en la escuela en torno al 1-O. La coordinadora de la Agruapación de Enseñanza de esta entidad expresó su sorpresa ante los temores que ha generado esta iniciativa y agradeció a la AEB su generosa colaboración en la elaboración del documento.
Isabel Fernández Alonso reivindicó que la crítica a la "escolacatalana" es legítima y necesaria. El inspector Rul denunció el "expediente ideológico" a su compañero Cantallops y aseguró haber recibido presiones para modificar informes, fundamentalmente por motivos lingüísticos, cuando estaba en activo. Por su parte, Veracruz Miranda presentó múltiples ejemplos de adoctrinamiento en los libros de texto, entre ellos, las insistentes referencias a la inexistente "Corona catalanoaragonesa". La presidenta de la AEB subrayó que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya ha dictado diversas sentencias en las que reconoce el derecho a la educación bilingüe. Recordó, asimismo, que en 2017 el mismo tribunal ha adoptado medidas cautelares reconociendo este derecho en centros de Barcelona, Hospitalet y Castelldefels, y que durante el mes de febrero se conocerán las sentencias referentes a las familias de Balaguer y Reus. Losada denunció que hasta que las autoridades educativas catalanas no apliquen la ley, los padres, desgraciadamente, deberán seguir reclamando sus derechos. Animó a no desfallecer, recordando el caso del Colegio Josep Guinovart de Castelldefels que, a raíz de la petición de una cuarentena de familias que llegó al TSJC, ha tenido que modificar su proyecto lingüístico de centro. La presidenta de la AEB destacó que, tras los sucesos del 1-O, se ha incrementado considerablemente el número de padres que han contactado con esta asociación para reclamar más horas de español. Manifiesto "Por una escuela cívica y bilingüe" El acto concluyó con la lectura de un manifiesto "Por una escuela cívica y bilingüe" en el que se reclama un gran pacto educativo en el que se reconozca "el derecho a ser escolarizado en castellano en cualquier parte del territorio nacional y en la lengua cooficial en las comunidades autónomas", que las autoridades educativas catalanas sean respetuosas con los principios y valores constitucionales; poner fin a la injerencia política nacionalista en la escuela, reforzando la Alta Inspección Educativa, que la selección de los equipos directivos y docentes se haga con procedimientos que se atengan únicamente a los principios de mérito y capacidad, la sustitución del "modelo antipedagógico de inmersión lingüística obligatoria (actualmente vigente para los castellanohablantes)" por otro "que garantice, al menos, la enseñanza en y de los idiomas cooficiales sin discriminación", que los proyectos lingüísticos de los centros educativos se adapten a la legalidad y reconozcan "expresamente que catalán y castellano son lenguas vehiculares de enseñanza, y que se adopten las medidas necesarias para garantizar la enseñanza en lengua materna de los niños con necesidades especiales.