El Ayuntamiento de L'Hospitalet y la compañía Aigües de Barcelona han firmado la renovación del protocolo de actuación entre ambas administraciones para afrontar la emergencia en el ámbito de la pobreza energética. El objetivo del protocolo es fijar el procedimiento para garantizar el suministro de agua a todas aquellas personas y familias que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica, en aplicación de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
El convenio, que tiene una duración de cuatro años, lo han firmado este miércoles, 15 de febrero, la alcaldesa, Núria Marín, y el director de acción social de Aigües de Barcelona, Felipe Campos.
Para la alcaldesa, Núria Marín, este convenio “aúna el conocimiento directo de la realidad social que tenemos el Ayuntamiento con los recursos de una empresa de servicio público como Aigües de Barcelona en beneficio de las familias y las personas en situación de vulnerabilidad”. “Una empresa —ha añadido Marín— que es ejemplo de compromiso social y de acompañamiento a las familias que lo necesitan”.
La renovación de este convenio da continuidad al protocolo firmado en 2017 entre el Ayuntamiento de L'Hospitalet y Aigües de Barcelona para afrontar la emergencia en el ámbito de la pobreza energética, y a la colaboración iniciada en 2012 con la firma del convenio para la aplicación del Fondo de Solidaridad en el municipio.
La estrecha colaboración entre los servicios sociales del Ayuntamiento de L'Hospitalet y Aigües de Barcelona ha permitido que 4.923 familias del municipio se hayan beneficiado de la tarifa social del agua, que garantiza el agua a las personas en situación de vulnerabilidad y ofrece una bonificación notable de su factura.
La renovación del convenio da cumplimiento a la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que establece que las empresas de suministros y las administraciones locales deben establecer convenios de este tipo para mejorar los protocolos hacia las personas con dificultades para hacer frente a los pagos de los servicios básicos. Según la norma, las compañías suministradoras están obligadas a comunicar a los ayuntamientos los impagos de las personas usuarias antes de proceder con los cortes. Son los servicios sociales de cada población los que indican si se trata o no de una persona o de una unidad familiar vulnerable y, en caso afirmativo, la empresa debe garantizar el suministro.