El Pleno municipal ha aprobado la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2022, que presenta un remanente de tesorería de 15,09 millones de euros para gastos generales efectivamente disponible, un grado de ejecución de los ingresos del 79,41 % y de los gastos del 74,17 %.
El Ayuntamiento consolida la tendencia a pagar a los proveedores con celeridad, 9,18 días de media, y la ratio de endeudamiento se mantiene por debajo del límite legal (el 75 % de los ingresos corrientes). En concreto, se sitúa en el 32,39 %. Esta cifra garantiza la sostenibilidad de las finanzas municipales y asegura la capacidad inversora de futuro.
Para la concejala de Hacienda, TIC y Atención Ciudadana, Rocío Ramírez, estos datos “constatan que el Ayuntamiento ha seguido haciendo una gestión eficaz y solvente de los recursos públicos, a la vez que ha actuado apoyando la reactivación económica, dando respuesta a las necesidades de la población vulnerable y sin incrementar la presión fiscal”.
En la misma sesión, se ha aprobado una modificación de crédito por importe de 4,1 millones de euros del remanente de tesorería de 2022, y que corresponden a actuaciones para garantizar la continuidad del nivel de prestación de servicios a la ciudadanía. Esta cantidad se destina a subvenciones para entidades que prestan servicio a las personas en los ámbitos de la educación, la cultura, la equidad, los deportes y las políticas de desarrollo empresarial; la subvención al Comité Catalán de Refugiados en concepto de ayuda humanitaria para el terremoto de Turquía y Siria; las ayudas para gastos generales de la vivienda habitual, y las subvenciones para la rehabilitación de edificaciones catalogadas en el PEPPA.
El Pleno municipal también ha dado luz verde inicialmente a la modificación puntual del Plan general metropolitano en el ámbito discontinuo formado por el Centro Comercial Gran Via 2; por el Complejo Direccional de Bellvitge y diferentes parcelas municipales en Bellvitge y las Planes —calles de la Ermita de Bellvitge, 40; del Prat, 40; de San Rafael, y la avenida de Isabel la Católica, 66-68. Con esta operación se amplía el techo comercial del Centro Comercial Gran Via 2 en 9.100 m2 a cambio de trasladar edificabilidad de Bellvitge y las Planes, donde se ganarán 5.000 m2 de zona verde. El Ayuntamiento recibirá en concepto de aprovechamiento la cantidad de 11,8 millones de euros, 4,2 millones de los cuales se destinará obligatoriamente a vivienda pública.
La oficina de la síndica de agravios ha recibido 182 reclamaciones en 2022
La síndica de agravios de L’Hospitalet, Merche García, ha presentado en el Pleno municipal el informe anual de los órganos de defensa de la ciudadanía correspondiente a 2022, en el quinto año de funcionamiento de la Oficina de Apoyo a los Órganos de Defensa de la Ciudadanía. En este periodo, la oficina ha realizado 551 acciones, de las cuales 138 son expedientes, 44 reclamaciones de intermediación y 369 consultas. En el 67% de los expedientes, se ha resuelto el problema que ocasionó la reclamación. Los temas que aglutinan más reclamaciones son espacio público, convivencia y seguridad, servicios sociales y función pública y trabajo de la administración.
Apoyo a la mejora de los servicios sociales de los municipios
El apartado de mociones ha comenzado con la aprobación del texto presentado por PSC, ERC y LHECP-ECG, a instancia de CCOO, que pide “la mejora de los servicios sociales de los municipios, después de más de diez años de políticas de austeridad, de recortes en los servicios públicos y de sufrir las graves consecuencias sociales, económicas y de salud de la pandemia y de la guerra en Ucrania”. Todo ello ha hecho que en Cataluña —según la moción— se hayan incrementado las desigualdades sociales, la pobreza y la vulnerabilidad de las clases trabajadoras. Cs ha votado a favor y el PP lo ha hecho parcialmente.
Esta situación sostenida en el tiempo ha desbordado todas las previsiones de demanda de recursos básicos, colapsando los centros de servicios sociales municipales, que ya se encontraban sin recursos suficientes para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía. Según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), en 2021 el riesgo de pobreza y de exclusión social llegó al 25,9 % de la población de Cataluña, un porcentaje que, además, tiene rostro de mujer. En el caso de los jóvenes y los niños, la tasa llegó hasta el 32,6 %. Se trata de una situación de precariedad vital que está afectando a la salud mental de buena parte de la ciudadanía.
La moción se dirige a las diferentes instituciones. Por un lado, insta al gobierno de la Generalitat de Cataluña a ejecutar el II Plan estratégico de servicios sociales (PESS) 2021-2024; a revisar y actualizar la cartera de servicios sociales, para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales, y a dotar de una partida los presupuestos de la Generalitat para garantizar la revisión y la renegociación urgente de los contratos programa 2022-2025. A través del contrato programa, la administración autonómica financia el 66 % del coste de la contratación de los profesionales de los equipos básicos de servicios sociales municipales y los programas que desarrollan. Los ayuntamientos aportan el 34 % restante.
Por otro lado, pide a los ayuntamientos y entidades supramunicipales que apuesten por la gestión directa y la recuperación de los servicios de la cartera; implanten oficinas de información y trámites que descongestionen los servicios sociales y eliminen las listas de espera; pongan en marcha medidas para prevenir las situaciones de riesgo y agresión que sufren los profesionales de los servicios sociales; adecuen los espacios de trabajo y de atención a la ciudadanía para garantizar una atención digna, confidencial, segura y de calidad, y creen espacios de participación y codecisión con profesionales, sindicatos y colegios profesionales, con el fin de adaptar las políticas de servicios sociales municipales a las necesidades del territorio.
En este sentido, en el apartado de participación ciudadana, ha tomado la palabra Liliana Reyes Hernández, coordinadora de CCOO L’Hospitalet, que ha expresado la necesidad de que la Generalitat destine más recursos para los servicios sociales.
Otras mociones
También se ha aprobado parcialmente a iniciativa de ERC y con la adhesión de LHECP-ECG la moción de apoyo a los inquilinos de los pisos de CaixaBank. Así, el texto insta al Gobierno de la Generalitat a desplegar los protocolos para aplicar la Ley 18/2007, del 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, especialmente los artículos referentes al acoso inmobiliario.
En cuanto a las mociones individuales, a propuesta de Cs se ha aprobado el texto que pide la adopción de medidas contra las ocupaciones de inmuebles en L’Hospitalet.
A iniciativa de LHECP-ECG ha tenido el apoyo parcial del Pleno la moción en defensa de la memoria democrática y la reparación de daños a las víctimas del golpe militar y la dictadura franquista. El texto reconoce la ilegitimidad e ilegalidad de los tribunales franquistas y la necesidad de difundir los derechos de las víctimas para obtener las certificaciones de nulidad y reparación, entre otros. También insta al Ayuntamiento a hacer un inventario que mencione los lugares de memoria democrática que tienen una función conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora, así como celebrar el 14 de abril de cada año un acto institucional en memoria de la Segunda República.
Finalmente, el Pleno ha dado el visto bueno a la iniciativa presentada por el PP y que pide al Gobierno municipal permitir la realización de trámites o consultas a aquellas personas que no dispongan de cita previa.
