JxCat presenta una demanda contra la impugnación de la investidura

Los treinta y cuatro diputados de JxCat, con Carles Puigdemont incluido, han presentado este viernes una "demanda urgente de protección de los derechos fundamentales" ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros que reclama la impugnación y suspensión del pleno de investidura por la candidatura del propio Puigdemont. Josep Costa, vicepresidente primero del Parlament y diputado de JxCat, ha explicado que lo han hecho al considerar que el gobierno español "pretende, con abuso de derecho y fraude de ley, bloquear el funcionamiento normal de las instituciones democráticas y de la formación del Gobierno resultado del 21-D". Del mismo modo, todos los diputados de JxCat también se han personado en el TC para reclamar que "se consideran parte afectada en este recurso del gobierno español" y poder así "oponerse al procedimiento y pedir que ni sea aceptada la suspensión del pleno de investidura". "Hay una potencial vulneración clarísima de nuestros derechos como diputados y, por tanto, de los derechos de los ciudadanos representantes en el Parlament", ha remachado Costa para justificar la acción. Con estas dos actuaciones jurídicas, los diputados de JxCat pretenden frenar las intenciones del gobierno español. "Lo que de alguna manera pedimos es suspender la petición de suspensión y que no haya ningún impedimento para el normal funcionamiento del pleno de investidura", ha dicho Costa, que ha admitido no saber qué recorrido puede tener todo esto por la innovación que supone tanto la actuación del Estado como la de JxCat. "Entendemos que estamos en territorio desconocido. El gobierno español presenta recursos que nunca se habían presentado y con formas que no se habían utilizado nunca. Por tanto, nosotros también hemos hecho cosas que no son ordinarias, como comparecer en el TC preventivamente para decir que no se acepte este trastorno de las instituciones democráticas", ha explicado en una atención a la prensa. Con todo, JxCat no las tiene todas con este procedimiento y, a pesar de considerar que tiene razón, no se fía de determinadas instancias judiciales. Es por ello que ya han avanzado que si reciben un portazo a su petición, acudirán a Estrasburgo. "Si los máximos órganos de la jurisdicción española, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, no atienden la petición y se confirma la suspensión del pleno, como que hay una vulneración grave de los derechos democráticos y políticos de los ciudadanos representantes, inmediatamente acudiremos al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos denunciando la vulneración de los artículos 10 y 11 del convenio europeo de derechos humanos, del art 3 del protocolo primero y del art 2 del tratado de Lisboa", ha dicho Costa, refiriéndose así a preceptos que hablan de la libertad de expresión, la libertad de reunión y la separación de poderes.