Jordi Sànchez pide permisos al Supremo para intervenir en actos de campaña

La defensa del expresidente de la ANC y número 2 por Barcelona de JxCat, Jordi Sànchez, ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que autorice permisos para que Sànchez pueda participar en actos de campaña de su candidatura. En un escrito al que ha tenido acceso la ACN, el abogado Jordi Pina también pide que Sànchez pueda atender a medios de comunicación desde la prisión durante el período electoral y que tenga acceso a internet "en un horario amplio" que le posibilite la intervención en la campaña, custodiado "si fuera necesario" por fuerzas de seguridad del Estado. La defensa cree que su asistencia a actos permitirá al juez comprobar que la voluntad de Sànchez "de defender sus ideas por las vías pacíficas y constitucionales es verdadera y real". El abogado de Sànchez considera que este debe poder intervenir en la campaña "en condiciones de máxima igualdad posible con el resto de candidatos" y cita, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pina también señala "la conveniencia de garantizar que, por su propia credibilidad tanto interna como internacional, este proceso electoral pueda tener lugar con la máxima normalidad posible". Así, solicita permisos para que Sànchez pueda participar en actos de campaña, incluidos los debates electorales organizados por medios de comunicación a los que sea invitado. En el mismo escrito, se asegura que la asistencia de Sànchez a estos actos permitirá comprobar al magistrado la voluntad de su cliente de "defender sus ideas por las vías pacíficas y constitucionales", un hecho que "difícilmente tendrá la oportunidad de acreditar si durante todo el período electoral se mantiene privado de libertad". Cuestión prejudicial al TJUE El abogado de Sànchez ha añadido al texto que, ante "el improbable" caso de que las peticiones sean denegadas, solicita a la sala penal del Supremo que plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El abogado ha recordado que el Supremo está "obligado" a someter esta cuestión prejudicial al tribunal europeo.