En la actualidad estamos viviendo un período de reformas en leyes y normas que no hacen más que modernizar nuestras estructuras legales encaminadas a cumplir con la Estrategia Europea 2020. La contratación pública tiene un papel clave para conseguir que en los mercados locales consigamos un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos. Una prueba de esto es la reciente Ley aprobada a finales del año pasado en España sobre la Contratación de Servicios Públicos y que obliga a nuestra administración local, Ayuntamiento el Vendrell, a cumplir con los objetivos que ella contempla, conseguir una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor calidad-precio. La Ley también atiende la necesidad de simplificar los trámites y, por lo tanto, imponer menos burocracia para los licitadores y mejor acceso a las ofertas por parte de las PYMES. Resumiendo, el proceso debe ser más simple reduciendo el trabajo administrativo de todas las partes que intervienen. Ante la situación descrita y volviendo a casa, hace un año, desde el PP del Vendrell, pedimos al alcalde que diera explicaciones sobre la legalidad de diferentes gastos y un año después, teniendo en cuenta la situación del departamento de Intervención, nos vemos obligados a reiterar la petición de explicaciones de la situación legal y administrativa de los expedientes judicializados. El alcalde, de manera prioritaria, debe hacer las acciones necesarias para regularizar la situación y eliminar cualquier sombra de duda sobre la institución para seguir contando con estabilidad en la gobernabilidad. En la administración local del Vendrell vivimos una situación excepcional. Los proyectos políticos de Benet Jane y Martí Carnicer nos han dejado en una situación muy difícil. ¿Es la deuda? Sí, y la falta de proyectos de ciudad, etc. Pero también han sido gobiernos ineficaces para el bien general que han construido una administración del tamaño de un elefante, lejos de la eficiencia exigida a cualquier empresa con más de 400 trabajadores. En esta legislatura hemos tenido más de tres interventores habilitados que por diferentes motivos no se han quedado con nosotros. La oferta de sueldo para cubrir el puesto en 2015 era de más de 60.000 € / año y en estos momentos a partir de 2017 ya ofrecemos 90.000 € / año. Teniendo en cuenta que el interventor de un ayuntamiento es la pieza legal clave para fiscalizar y autorizar tanto el pago de facturas como la recepción de ingresos. ¿Cuáles serán las razones por las cuales los interventores no se quedan? ¿Qué problema o problemas hay? ¿Tan difícil es controlar, ante suministros o servicios que superen los 18.000 € de gasto por año, contratar a varias empresas para no incumplir con la Ley de contratos? ¿Es necesario que nos obligue la Ley a motivar la competencia entre proveedores para encontrar mejor precio-calidad en los servicios?
Sobre el autor
Lo más leído