El grupo ecologista Ipcena pide al Departamento de Agricultura (DARP) que no autorice la construcción ni ampliación de ninguna granja de cerdos más en Cataluña y reduzca las explotaciones existentes para reducir de forma efectiva la contaminación de los acuíferos por los nitratos de los purines. Son las principales demandas de la alegación que la entidad ha presentado este jueves al Decreto de gestión de la fertilización del suelo y de las deyecciones ganaderas que está en período de información pública hasta el 25 de noviembre, según fuentes del Departamento. El decreto ya establece una moratoria a la construcción y ampliación de nuevas granjas hasta enero de 2020 en los municipios de las zonas consideradas como vulnerables por la contaminación de nitratos en el suelo -que tengan un índice de carga ganadera (ICR) superior al 1,2- pero los ecologistas consideran que esta restricción es totalmente insuficiente. Desde Ipcena insisten en que se ha llegado a una "situación límite" y que es necesaria una "actuación preventiva de urgencia" porque está en juego la salud de las personas y el medio ambiente. En este sentido, los ecologistas acusan a la consejería de favorecer "de manera indiscriminada" la ampliación de la cabaña porcina para contentar a los sindicatos agrarios.
Según Ipcena, en las comarcas de Lleida hay unas 2.800 granjas que producen unos 9 millones de cerdos cada año, el 57% del total de Cataluña que, a su vez, produce el 42% de la carne de porcino de todo el estado español. El grupo ecologista alerta de que, según informes de la Agencia Catalana del Agua, un tercio del territorio catalán está afectado por contaminación de nitratos y, para revertir esta situación, reclaman una "moratoria inmediata" tanto de nuevas granjas como de ampliaciones en todo el país ya que "toda Cataluña debe considerarse zona vulnerable", según ha dicho el portavoz de la entidad, Joan Vàzquez. Historia del decreto El texto final del Decreto de gestión de la fertilización del suelo y de las deyecciones ganaderas lo presentaron el 19 de julio los consejeros ahora destituidos de Agricultura y de Territorio, Meritxell Serret y Josep Rull respectivamente. Entonces afirmaron que el objetivo de la nueva normativa era asegurar la calidad de los suelos y de las aguas subterráneas del país, garantizar la viabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas y agrícolas y buscar un equilibrio entre la actividad de éstas y el conjunto de la población. Según fuentes del Departamento de Agricultura, si la normativa obtiene el visto bueno del nuevo gobierno que salga de las elecciones del 21-D podría entrar en vigor el verano que viene. El decreto establece una moratoria en las ampliaciones de ganado en granjas situadas en municipios que tengan un índice de carga ganadera (ICR) superior al 1,2, es decir aquellos que se encuentran en zonas consideradas como vulnerables por la contaminación de nitratos en el suelo. De este modo, la medida, prohibirá la ampliación y construcción de nuevas granjas hasta el 1 de enero de 2020 en los 66 los municipios del país que son zonas vulnerables por nitratos. La mayoría se encuentran en la Cataluña central y comarcas gerundenses, mientras que en las comarcas de Lleida habría una decena de municipios los afectados. El documento también prevé la prohibición de verter purines los fines de semana y festivos a menos de 500 metros de núcleos habitados e impedir dentro de cinco años la aplicación de purines mediante la dispersión con abanico. Además, y entre otras medidas, los titulares de las explotaciones ganaderas y agrícolas deberán realizar una declaración anual relativa a la gestión de las deyecciones y otros fertilizantes nitrogenados. Por otra parte, para garantizar la trazabilidad del transporte de ganado, si la parcela a fertilizar está a más de 10 kilómetros o bien si se trata de una empresa de servicios, será necesario que los equipos de transporte de deyecciones ganaderas vayan equipados con un dispositivo electrónico de posicionamiento global GPS.