El Servicio de Atención a Víctimas de Violencia Institucional (Saidavi) del Centro Irídia para la Defensa de los Derechos Humanos ha interpuesto este jueves cinco querellas ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona por los hechos ocurridos el 1 de octubre en cuatro escuelas diferentes de la ciudad: la Escuela Mediterránea, el IES Pau Claris, el CEIP Els Horts y la Escuela de la Prosperidad, donde un total de siete personas resultaron afectadas. Las querellas, por delito contra la integridad moral y de lesiones con instrumento peligroso y los agravantes de abuso de superioridad y prevalencia como funcionario, se dirigen contra los agentes de la policía española que han sido identificados gracias al trabajo de investigación realizado por la entidad y al trabajo de la red de observadores #SomDefensores. Las querellas también se dirigen contra los mandos policiales que dirigieron cada operativo policial.
"Después de haber detectado en las diferentes causas un 'modus operandi' similar, contrario a la legalidad" y causante de los delitos por los cuales se interponen las querellas, la entidad enfoca la causa hacia las responsabilidades de los mandos políticos y policiales que tomaron las decisiones durante la jornada del 1 de octubre. Es por este motivo que la entidad ha solicitado al juez que identifique a las personas concretas que tuvieron responsabilidades políticas o policiales de toda operación del 1 de octubre. También solicita que la policía entregue las grabaciones realizadas. Además, la entidad solicita que el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, mando designado por el Ministerio del Interior para el 1 de octubre, declare como testigo en todas las querellas para concretar qué órdenes concretas se dieron a los agentes desplegados sobre el terreno. En la querella por los hechos en la escuela Mediterránea de la Barceloneta, por ejemplo, se asegura que la actuación del agente policial fue "contraria a los protocolos". La mujer y su pareja hacían cola para votar en la escuela en un ambiente "festivo" y con actitud "completamente pacífica". "De repente llegó un gran número de agentes de la policía española y comenzaron una carga sin hacer ningún aviso previo ni dar ninguna orden", describe la querella. En el momento de comenzar la carga, hubo "revuelo" y la víctima perdió de vista a su pareja, a quien comenzó a buscar mirando a su alrededor y dando vueltas sobre sí misma. En ese momento, un policía se le acercó con la porra "en posición horizontal y le dio dos golpes frontales a la altura de los ojos". La mujer retrocedió apartándose del agente y entonces observó que su pareja estaba "tendida en el suelo, recibiendo patadas por parte de policías". "Alertada y atemorizada" por la situación, "mantuvo en todo momento una actitud absolutamente pacífica y pasiva, sin entrar en confrontación", se giró hacia su pareja y el mismo agente que la había golpeado con la porra, y "sin intercambiar ninguna palabra, con la intención de menoscabar su integridad física y moral y haciendo un uso de la fuerza absolutamente desproporcionado, le propinó un tercer golpe con la porra en posición vertical y con mucha más fuerza directamente en el ojo derecho". Según la querella, la actuación de este agente no fue aislada, sino que formaba parte de una actuación "perfectamente coordinada y concertada" que provocó varios heridos. Así, considera que los agentes abusaron de su cargo y tenían "el ánimo compartido de atentar contra la integridad moral y física" de los congregados, actuando "de forma muy agresiva, golpeando con la porra en zonas prohibidas como la cabeza, así como golpes de puño, patadas o fuertes tirones de cabello". Esta actitud habría provocado en los concentrados "mucha angustia, pánico y una profunda humillación e impotencia por las vejaciones recibidas". Así, también asegura que el mando del operativo era "perfectamente consciente" de lo que estaba pasando. A consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió un traumatismo craneal, con afectación a la órbita ocular y la mandíbula derecha, así como la nariz. Las lesiones deben ser atendidas por un cirujano maxilofacial por si tiene la nariz rota y desviada. Aparte de las secuelas físicas, la víctima asegura haberse sentido "absolutamente vejada y humillada, como un objeto o animal". Igualmente, la mujer siente indignación, afectación psicológica y angustia por ver cómo se agredía a personas mayores o a su pareja en el suelo sin que ella pudiera ayudar, y por eso ha tenido que medicarse. "Tiene mucho miedo a la hora de salir a la calle y manifiesta miedo a los cuerpos policiales, sintiendo mucha inseguridad en el barrio que le impide realizar su vida con normalidad", añade. Al escrito se añaden fotos de las lesiones a la víctima, un informe médico de urgencias del Hospital del Mar y dos vídeos, además de una captura de pantalla donde se ve el número de identificación del agente querellado. También pide al juez que requiera al área de asuntos internos de la policía un informe sobre la composición del operativo que actuó en ese centro entre las 8:45 y las 9:45 horas, una copia de las comunicaciones entre el centro de mando policial y los mandos sobre el terreno, así como la identificación de los mandos del centro de control y los responsables políticos a cargo. Con la interposición de estas cinco querellas y la que se interpondrá el próximo martes 14 de noviembre por la persona que ha perdido la visión debido al impacto de una pelota de goma, la entidad busca "abrir un proceso de verdad, reparación y justicia que afecte no solo a las víctimas que representa sino al conjunto de la ciudadanía".