La compañía aseguradora que cubre las contingencias relacionadas con la responsabilidad civil del Instituto Catalán de la Salud (ICS) abonará una indemnización de 160.000 euros a una antigua trabajadora de los centros de atención primaria (CAP) Lope de Vega y Ramon Turró del Poblenou de Barcelona por daños y perjuicios por las lesiones y secuelas físicas provocadas en las operaciones de fumigación con biocidas realizadas en su centro de trabajo, según ha indicado el Colectivo Ronda. La trabajadora se encuentra actualmente en situación de incapacidad laboral permanente por accidente de trabajo. El Colectivo Ronda recuerda que en marzo de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó la sentencia de primera instancia que condenaba al ICS por el incumplimiento del deber empresarial de garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores.
La sentencia dictada por el TSJC constató que en el CAP Lope de Vega, donde prestó servicios la trabajadora ahora indemnizada entre los años 1989 y 2003 se realizaron "aplicaciones sistemáticas de productos insecticidas" especialmente a partir de 1990 y con "periodicidad mensual a partir de 1997". La resolución, que ratificaba el criterio del Juzgado Social número 7 de Barcelona en primera instancia, recoge las conclusiones de un informe efectuado por técnicos del Centro de Seguridad y Salud de Barcelona que realizaron un muestreo y detectaron restos de organofosforados "considerados como los principios activos de los insecticidas más peligrosos para la salud humana". Una tipología de productos que, como apuntaba la resolución, "ha sido recientemente retirado del Registro de Plaguicidas no agrícolas o biocidas del Ministerio de Sanidad, motivo por el cual ya no puede utilizarse como insecticida en ambientes interiores". Los problemas, además, como constató el tribunal, no desaparecieron con el traslado a las instalaciones del CAP Ramon Turró donde se acreditó igualmente la existencia de un "exceso de suciedad consistente en materia particulada en filtros, conductos y cámaras de climatización del sistema" con la consecuencia de que "los trabajadores estaban expuestos a los productos plaguicidas cuando se reincorporaban a sus puestos de trabajo, por vía respiratoria y vía dérmica a través de las superficies impregnadas". La sentencia hacía responsable al ICS de la falta de medidas de seguridad que se encuentra en el origen de la exposición reiterada a unos productos químicos que acabaron provocando un grave cuadro clínico conformado por sensibilidad química múltiple, fibromialgia y fatiga crónica a la trabajadora, a quien se le ha reconocido una situación de incapacidad laboral permanente por accidente de trabajo y obligando al ICS a abonar adicionalmente un recargo del 50% sobre el importe de la prestación. Ahora, la trabajadora también percibirá 160.000 euros a cargo de la compañía aseguradora del ICS en concepto de daños y perjuicios por las enfermedades que padece y la imposibilidad de desarrollar una vida normal. Para Àlex Tisminetzky, abogado del Colectivo Ronda que defiende los intereses de la trabajadora, situaciones como la vivida en los CAP Turró y Lope de Vega demuestran que "en muchos centros de trabajo, tanto públicos como privados, se realizan fumigaciones que suponen un gravísimo riesgo para la salud sin respetar las severas medidas de protección y seguridad que deben acompañar este tipo de operaciones" y ha denunciado que, en cambio, se prima la rentabilidad y el bajo coste "obligando a las personas a ocupar sus puestos de trabajo mientras estos peligrosos productos siguen presentes en el ambiente", con la posibilidad, añade, de desarrollar patologías con afectaciones graves.
