Los abogados que representan a más de 200 afectados por las cargas del 1-O en colegios gerundenses han logrado identificar a una treintena de policías españoles y guardias civiles, a partir de las diligencias que han solicitado al juzgado de instrucción que se ha hecho cargo de las denuncias. Se trata de los responsables operativos de cada mando, además de algunos agentes concretos como el que llevaba la cámara GO PRO antes del operativo en el Colegio Verd. Los letrados se muestran satisfechos con la instrucción que está llevando a cabo el juzgado que ha tomado la causa, y consideran que el procedimiento es "pionero en Cataluña". Sin embargo, lamentan la actitud "reticente" del Ministerio del Interior a la hora de identificar a los agentes antidisturbios y de policía judicial que actuaron a las órdenes de los responsables operativos.
La querella que agrupa a más de 200 denunciantes por las cargas del 1-O en Girona sigue adelante. Después de que todos los afectados hayan pasado el reconocimiento médico ante los forenses, ahora se ha logrado identificar a una treintena de los policías que estuvieron en el operativo. Las diligencias pedidas por los letrados, pues, siguen dando frutos. De hecho, uno de los abogados voluntarios, Albert Carreras, asegura que "el procedimiento está siendo normal" y no contempla "en ningún caso" un archivo de la causa. El problema, sin embargo, explica Carreras, es que se están identificando solo los responsables operativos. En concreto, el Ministerio del Interior ha respondido a las diligencias que ha requerido el juzgado, pero los letrados critican las "reticencias" a decir cuáles eran los agentes que actuaron. "Lo que tenemos que hacer es pedir el nombre del agente a partir del número de identificación policial de cada uno de ellos que vemos a través de las imágenes", subraya Carreras. Todo ello hace que el proceso sea más lento de lo que se esperaba. El gobierno español no dice qué agentes estaban destinados a cada colegio, sino que solo facilita la identidad de los tres máximos responsables y la procedencia de la unidad. "Por ejemplo, los policías que actuaron en el Colegio Verd sabemos que son de Zaragoza, pero solo están identificados tres jefes operativos", concreta Carreras. Por ello, los letrados piden que el Ministerio dé más información de los policías actuantes, ya que de esta manera se ahorraría tiempo. En cualquier caso, Carreras deja claro que los agentes que se sobrepasaron en sus funciones pueden ser identificados a través de los recursos gráficos, especialmente las imágenes que también se incorporan a la causa. El objetivo final, explica el abogado, es saber "quién dio las órdenes" y si es necesario pedirán que se investigue a los jefes del dispositivo, sean policiales o políticos. "Queremos llegar a saber quién ordenó y qué ordenó", señala Carreras. Amnistía Internacional "está encima" Los abogados han explicado que una de las ventajas que tienen en esta causa es la implicación que ha mostrado Amnistía Internacional. La organización humanitaria está en contacto con los letrados y realiza informes en relación a la actitud del gobierno español a la hora de dar la información que se le requiere. En este sentido, Carreras destaca que el hecho de que Amnistía esté "haciendo seguimiento estrecho" del papel de la fiscalía y el Ministerio, "les ayuda" a que el gobierno español acceda a facilitar la información. "Ellos están velando por el cumplimiento de las obligaciones legales del Ministerio", ha concluido. Reconocimiento médico y declaraciones En los últimos meses, los diferentes afectados por las cargas han ido pasando por el médico forense para certificar las lesiones que denunciaban. Este trámite – imprescindible para dar continuidad al proceso judicial - se ha alargado por la gran cantidad de personas que se han adherido a la denuncia troncal presentada por los abogados voluntarios. Está previsto que en el mes de febrero, los primeros afectados empiecen a pasar por delante del juez instructor para dar su versión de los hechos. Con todo, los letrados reconocen que se trata de un procedimiento que será "largo y complejo", si bien están satisfechos de cómo avanza la causa.
