La Comisión de Absentismo de Girona ha estado controlando hasta 64 casos de menores que no han asistido a clase regularmente durante el curso escolar 2017-2018. Veinte de ellos eran nuevos casos denunciados por los centros escolares y los 44 restantes eran alumnos que ya no iban a clase el curso anterior. La mayoría de los estudiantes que sigue la comisión son alumnos de ESO (50 casos) y el resto (14), son alumnos de infantil y de primaria. De todos modos, cuando empiezan a producirse las faltas injustificadas, el mismo instituto o escuela intenta hablar con la familia antes de recurrir a la comisión. Los estudiantes que sigue este organismo municipal tan solo representan el 0,4% de todos los alumnos de la ciudad entre educación infantil, primaria y ESO. Durante el curso 2017-2018 la Comisión de Absentismo de Girona ha seguido 64 casos de alumnos que no iban a clase de forma regular. De estos, 37 son niños o chicos; y los 27 restantes, niñas o chicas.
Del total de casos, veinte son nuevas incorporaciones a raíz del primer aviso lanzado por los mismos centros educativos. El resto (44 casos) ya habían sido tratados en el curso anterior. En cuanto a las edades, la mayoría de los alumnos (50) cursan la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y tan solo catorce casos son de infantil o primaria.
Este organismo está formado por técnicos del Ayuntamiento de Girona y de la Generalitat de Catalunya y cuenta con un protocolo aprobado por la fiscalía. Cuando la comisión recibe el expediente de un alumno es porque el centro ya ha intentado resolver este absentismo con las medidas propias. Esto conlleva que en el organismo tan solo lleguen los casos más graves.
De hecho, los centros solo pueden derivar los casos de absentismo regular o crónico. Esto quiere decir que los alumnos deben faltar entre 6 y 15 días o entre 30 y 89 clases cada mes (que supone entre un 25 y un 75% de faltas) para los casos de absentismo regular o en el caso del absentismo crónico los estudiantes deben perder entre 90 y 120 clases o entre 16 y 20 días lectivos al mes (que representa entre el 75 y el 100% de faltas).
Cuando los centros derivan los casos en esta comisión, si los técnicos coinciden en detectar un absentismo regular o crónico activan varios mecanismos. El primero de ellos es una entrevista entre la Policía Municipal de Girona y la familia del alumno. En el caso en que esta entrevista no sea suficiente, la comisión decide si envía el caso a la DGAIA o a la fiscalía.
Durante el curso 2015-2016 la comisión acordó activar, de forma pionera en toda Cataluña, el procedimiento de sanción administrativa a través de la DGAIA. En aquel mismo curso ya se derivaron dos casos y en el curso siguiente, diecisiete. De todos modos, en este curso no se ha enviado ninguno por cambios en la tramitación que retrasan el proceso sancionador.
Ocho casos a fiscalía
En cuanto a la vía judicial, entre los cursos 2011-2012 y 2015-2016 ya se han enviado un total de ocho casos a fiscalía. Se trata de cuatro chicos y cuatro chicas. Todos ellos, excepto uno, eran estudiantes de secundaria.
El único caso que ha prosperado, sin embargo, es precisamente el del estudiante de primaria. El resto se han archivado. Precisamente, la semana pasada se conoció la sentencia que condenaba a los padres por un delito de abandono de familia. Les imponía una pena de 540 euros de multa a cada uno (que en total suman 1.080 euros).
En este caso, se ha podido demostrar cómo el alumno empezó a faltar un 60% de las clases durante el curso 2012-2013 en la escuela Sagrada Familia de Girona. El siguiente curso, los padres lo cambiaron de centro, pero en los tres años académicos siguientes se siguieron produciendo faltas hasta llegar a perderse un 91% de las clases.
Este es el único de los ocho casos que ha prosperado, ya que el resto se han archivado.
Josep Pujols pide más celeridad en la actuación
Por este mismo motivo, el principal objetivo del concejal de Educación de Girona, Josep Pujols, es poder reducir el tiempo que necesitan los centros y la comisión antes de enviar los casos a la DGAIA. Pujols ha indicado que "los timings que nos dejan son muy cortos" ya que en muchos casos se puede tardar cuatro años en conseguir una sentencia. Si durante este tiempo, el alumno en cuestión cumple los 16 años, la causa prescribe porque es la edad máxima que un estudiante debe ir obligatoriamente a clase y esto conlleva que el caso se archive. Por eso el concejal cree que hay que mejorar "la coordinación para agilizar los procesos y ser más efectivos".
De todos modos, Josep Pujols ha remarcado que ya están trabajando para incluir en el seguimiento casos de hermanos en que uno de ellos tenga antecedentes de absentismo y poder detectar más rápidamente cualquier falta no justificada a clase para evitar un nuevo caso dentro de la misma familia.
Por otra parte, el concejal ha remarcado que la publicación de la sentencia judicial que ha obligado a los padres de una familia a pagar 1.080 euros "ha supuesto un cambio en la actitud de los padres" de los alumnos que tienen un elevado absentismo escolar. Aun así, Pujols lamenta que se haya tenido que llegar a la vía sancionadora para hacer reaccionar a las familias.
